El Supremo entierra de forma definitiva la justicia universal

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar el archivo que ordenó la Audiencia Nacional respecto a las investigaciones del genocidio en el Tíbet y los ataques al movimiento religioso Falung Gong, ambas relacionadas con la justicia universal y vinculadas con China.

El procedimiento del Tíbet, en el que estaban imputados los expresidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin, supuso la reforma del Gobierno para limitar la ley tras las presiones recibidas por Pekín. Es decir, ni hay víctimas españolas ni los acusados residen aquí.

El pleno de la Sala de lo Penal se ha reunido para adoptar esta resolución, que genera jurisprudencia sobre el alcance de la llamada justicia universal después de la citada modificación legal.

Los dos casos citados fueron investigados en la Audiencia Nacional y archivados después de la reforma que en 2014 limitó el alcance de la Jurisdicción Universal prevista por la Ley Orgánica del Poder Judicial para la justicia española , pero los afectados recurrieron ante el Supremo, que hoy ha confirmado el archivo.

Líderes chinos

En la causa sobre el Tíbet, el juez Ismael Moreno investigaba el genocidio, las torturas y los delitos de lesa humanidad que se habrían producido en la región, en la que habrían muerto un millón de personas durante los últimos cincuenta años.

En febrero de 2014 el juez ordenó la detención del expresidente chino Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun. También estaba imputado en la causa el expresidente Hu Jintao.

Por otra parte, la sala ha decidido devolver al Juzgado Central de Instrucción cinco de la Audiencia Nacional las exposiciones redactadas por el juez Pablo Ruz sobre la aplicación del principio de jurisdicción universal para investigar a autoridades de Israel y Chile por el ataque a la Flotilla de la Libertad y por el asesinato del diplomático Carmelo Soria, respectivamente. Los magistrados han considerado que los escritos de Ruz no están suficientemente motivados.