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A. Noguerol
El Barco de Ávila
Martes, 23 de marzo 2021, 08:56
El Impuesto Municipal sobre Vehículos de Trácción Mecánica, conocido popularmente como 'el numeritio' va a suponer este año un ingreso a las arcas municipales de cerca de cuatro billones de euros. Una cantidad que los ayuntamientos de toda España van a ingresar independientemente de las ... restricciones a la movilidad impuestas, tanto debido a la covid-19, como por las medidas anti contaminación que impiden en muchos casos el acceso en coche al centro de las ciudades. Este impuesto, creado en España hace treinta y dos años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos, genera unos ingresos anuales de 3.800 millones de euros a las haciendas locales.
Son cálculos realizados por Automovilistas Europeos Asociados, una organización desde la que explican que existen importantes diferencias de tarifas entre los distintos ayuntamientos españoles, en algunos casos de más un 365%, lo cual explica el fenómeno de la matriculación de vehículos en verdaderos «paraísos fiscales« con algunos llamados 'municipios de conveniencia' que pese a su pequeña población atraen a numerosos vehículos debido al tratamiento fiscal más favorable. Así, siete pequeños ayuntamientos matriculan cerca del 40% del total de coches de empresa de toda España.
Según el informe de AEA las diferencias de tarifas no sólo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos de una misma provincia. Así por ejemplo la tarifa que cobra el municipio serrano de Colmenar de Arroyo o Robledo de Chavela, en la Comunidad de Madrid, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a lo que se cobra en Barcelona.
Los municipios considerados 'paraísos fiscales' por AEA son Las Rozas de Puerto Real (555 habitantes); Colmenar del Arroyo (1.785), Patones (539), La Hiruela (65), Venturada (2.241), Robledo de Chavela (4.364), Redueña (270), Navacerrada (3.091), Torremocha del Jarama (1.075), Moralzarzal (13.334), y Brunete (10.760), en la Comunidad de Madrid; Aguilar de Segarra ( 282), Rajadell (534) y Sant Pere Sallavinera (151), en Barcelona; Sarratella (95), en Castellón; Castielfabib (308) y Puebla de San Miguel (61), en Valencia; Escorca (208), en Mallorca; Relleu (1.148) y Benidoleig (1.078), en Alicante; Retascón (62), en Zaragoza; Cañada de Calatrava (100), en Ciudad Real; Montejaque (949) y Macharaviaya (513), en Málaga, y Borox (3.958), en Toledo.
«Resulta especialmente llamativo -señala AEA en su informe- el caso de CastielfFabib, pequeño municipio valenciano en el que a pesar de la crisis y de haber reducido su población en 7 vecinos, ha triplicado el número de vehículos de empresa matriculados en 2020 respecto del año anterior, pasando de 768 a 2.688 unidades
El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos, y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del Pais Vasco y Navarra.
De las 52 capitales de provincia, sólo 3 han bajado mínimamente el impuesto entre un 1 y el 4% ( Córdoba, Teruel y Toledo). El resto mantienen las tarifas del año pasado, teniendo en cuenta que 12 municipios vienen aplicando desde hace años el máximo que permite la ley (Granada, Huelva, Valladolid, Ciudad Real, Barcelona Lleida, Tarragona, Palma, San Sebastián, Vitoria y Ceuta).
La ley permite a los ayuntamientos incrementar las cuotas del impuesto, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 12 de las 52 capitales de provincia españolas.
También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75 % en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonenar el pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años, gracias a la modificación introducida en 1999 en la Ley de Haciendas Locales.
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