El Tribunal de la Unión Europea anula el fallo sobre las restricciones a los diésel

El tribunal con sede en Luxemburgo señala que el nuevo reglamento que fija valores de emisiones para los ensayos en condiciones reales de conducción se refiere a obligaciones sobre la comercialización de los vehículos y no a su posterior circulación, por lo que no afecta a las competencias de los ayuntamientos.

El Tribunal de Justicia europeo también rechaza que la nueva norma de límites de emisiones contaminantes de los vehículos diésel pueda ser un impedimento para que los ayuntamientos decidan otras restricciones locales en materia de circulación para proteger el medio ambiente.

A raíz del escándalo de manipulación de emisiones de Volkswagen, conocido como 'dieselgate', Bruselas fijó en 2016 unos límites a partir de los topes definidos por la norma Euro 6, asignando a estos unos coeficientes de corrección para tener en cuenta «ciertas incertidumbre estadísticas y técnicas».

Por ejemplo, para un límite definido en Euro 6 de 80 miligramos por kilómetro (80 mg/km) el nuevo límite de ensayos en condiciones reales de conducción (RDE) se fijó en 168 mg/km para un periodo transitorio y después en 120 mg/km.

Los ayuntamientos de París, Madrid y Bruselas interpusieron recursos de anulación ante la Justicia europea porque consideraban que la Comisión no podía adoptar unos límites de emisiones NOx, que eran menos exigentes que los establecidos en la norma aplicable y no les permitía imponer criterios más exigentes a los vehículos que circularan en sus calles.

En primera instancia, el Tribunal General de la UE dio la razón a las tres ciudades, al considerar que las nuevas reglas afectaban directamente a sus competencias en materia de regulación de la circulación de los vehículos automóviles y anuló los nuevos umbrales.

El fallo fue recurrido en casación por el Ejecutivo comunitario, Alemania y Hungría ante el TUE, que responde al asunto en su sentencia de este jueves y anula la decisión del Tribunal General porque considera que los ayuntamientos demandantes no disponen de potestades en materia de homologación de vehículos.