¿Qué es la normativa CAFE para coche eléctrico que entra en vigor en 2025?

Según esta norma los fabricantes que incumplan estos límites de emisiones puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido, lo que abre la puerta a multas multimillonarias contra las marcas automovilísticas que no consigan alcanzar los objetivos de ventas de vehículos 'cero emisiones' recogidos en el reglamento comunitario.

A partir de ahora, la normativa 'CAFE' exige que la media de emisiones de CO2 en los vehículos de cada fabricante se reduzca en un 15% en comparación con los niveles de inicio de década. El límite que entra en vigor este 2025 se reducirá aún más, estableciéndose en 49,5 gramos de CO2 por kilómetro, con el ánimo de implementar en 2035 la prohibición de facto de las ventas de vehículos de combustión de gasolina y diésel.

Algunos países europeos han intentado sin éxito presionar a Bruselas para retrasar la aplicación de la normativa. Francia intentó crear una coalición de capitales contra el Ejecutivo comunitario de la alemana Úrsula Von der Leyen para evitar la aplicación de sanciones a los fabricantes. A principios de septiembre, Italia pidió a Bruselas una revisión exhaustiva de la normativa ante el temor de que la medida pueda provocar el «colapso» de la industria automovilística comunitaria. Rumanía, bastión de Dacia (grupo Renault), sin coches eléctricos de batería en su catálogo, salvo el Spring importado de China, considera que la hoja de electrificación europea es demasiado agresiva.

El presidente de ACEA y también consejero delegado de Grupo Renault, Luca de Meo sostiene que «sin una declaración política clara de la Comisión Europea antes de finales de 2024, como también han pedido los gobiernos alemán, francés, italiano y de otros países europeos, la industria del automóvil corre el riesgo de perder hasta 16.000 millones de euros en capacidad de inversión, ya sea pagando multas, reduciendo la producción, asociándose con competidores extranjeros o vendiendo vehículos eléctricos con pérdidas».

En este sentido Luca De Meo subraya que esperar al inicio del diálogo estratégico de la Comisión sobre el futuro de la industria del automóvil o a la revisión de la legislación sobre las normativas de emisiones de CO2 en 2026 «no es una opción, por muy bienvenidas y necesarias que sean ambas».

Desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) piden que se cree «claridad sobre el empleo y las inversiones» para evitar daños a la competitividad de Europa, aunque reconocen que la industria de la automoción sigue comprometida con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, y con la transición hacia una movilidad de cero emisiones.

La patronal europea de automoción advierte de que, a diferencia de hace cuatro años, para cumplir con los objetivos más estrictos de reducción de CO2, «esta vez es necesaria una interacción fluida de factores que están dentro y fuera del control directo de los fabricantes».

En estos momentos, las ventas de vehículos eléctricos en Europa están estancadas sobre el 13% de la cuota de mercado, esto son, 10 puntos porcentuales menos por debajo de lo que deberían estar. «Una brecha demasiado grande como para cerrarla a tiempo», alertan.

Las proyecciones varían en cuanto al montante total de las sanciones que tendrían que terminar pagando los fabricantes que no cumplan con estas cuotas de ventas. La industria calcula que estaría entre los 10.000 y los 16.000 millones de euros.

Sin embargo, fuentes del mercado aseguran que en su escenario central, el impacto potencial podría limitarse a los 5.100 millones de euros.

No obstante, según directivos del sector consultados por Europa Press, se avisa de que la industria del automóvil corre el riesgo de perder hasta 16.000 millones de euros en capacidad de inversión, ya sea pagando multas, reduciendo la producción, asociándose con competidores extranjeros o vendiendo vehículos eléctricos con pérdidas« como consecuencia de la aplicación de la normativa 'CAFE'. A día de hoy, los miembros de la ACEA han comprometido 250.000 millones de euros para la transición a la movilidad eléctrica.

Con los niveles actuales de ventas de vehículos eléctricos, los fabricantes tendrían que abandonar la producción de 2,5 millones de coches de combustión o enfrentarse a las multas previstas a partir de ahora por el Ejecutivo comunitario.