La recaudación por multas de tráfico superó por segundo año consecutivo el récord de 500 millones de euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) impuso 5.202.185 multas en 2023, lo que representa una disminución del 6,67% en comparación con el año anterior. A pesar de esta reducción en el número de denuncias, la recaudación por multas superó los 500 millones de euros por segundo año consecutivo.

A pesar de la disminución en las multas, la recaudación por multas ha aumentado, superando los 500 millones de euros. Estos datos han sido analizados por la asociación de defensa del consumidor Automovilistas Europeos Asociados. Una organización que considera que la DGT ha intensificado la vigilancia en las carreteras españolas, lo que ha llevado a un aumento significativo en la recaudación por multas, a pesar de una ligera disminución en el número total de denuncias.

La recaudación por multas de la DGT alcanzó, en 2023, la cifra de 501.431.414 euros, siendo el segundo año con la cifra más alta de recaudación de su historia.

Por el número de denuncias formuladas respecto al año 2022, el informe de AEA señala que prácticamente han disminuido en todas las comunidades autónomas, a excepción de Castilla-La Mancha, en la que han aumentado un 17%, Madrid (16%), Navarra (11,2%) y Ceuta (41%)

En el caso de Madrid, el incremento de denuncias se ha producido por la intensísima actividad sancionadora llevada a cabo por un sólo radar, situado en el km. 20,2 de la M-40, que formuló 118.149 denuncias de las 605.670 que se registraron en todas las carreteras de la Comunidad. (Ver listado con los 50 radares más multones).

Andalucía es la comunidad autónoma donde más denuncias se han formulan en términos absolutos (1.402.101 denuncias), si bien es la Comunidad de Madrid la que lidera el ranking de denuncias en función de la extensión de su red de carreteras (187 denuncias por kilómetro), siendo Aragón, por el contrario, donde se han contabilizado menos (14 denuncias/km).

Respecto al número de denuncias formuladas en función del parque automóvil, Castilla-La Mancha ha liderado el ranking con 0,28 denuncias por vehículo, seguida por Castilla y León (0,28) y Cantabria (0,27).

Por el contrario, en Ceuta y Melilla se han contabilizado menos denuncias, tanto en números absolutos (8.184 denuncias), como en función del parque de vehículos (0,07 denuncias por vehículo).

El exceso de velocidad está detrás de dos de cada tres multas, según se desprende de un informe de la DGT sobre la evolución de las denuncias desde 2015 según las provincias y las infracciones cometidas. Le siguen no tener la ITV en regla, utilizar indebidamente por el teléfono móvil, no llevar puesto el cinturón de seguridad y tener el carné caducado o carecer de él.

Desde la implantación de radares hace 20 años en España, las víctimas mortales en carretera han disminuido en un 75 %, lo que sugiere una correlación positiva entre el aumento de estos dispositivos y la reducción de accidentes graves.

Sin embargo, el debate sobre la recaudación de multas y su destino sigue siendo un tema controvertido. Según la legislación vigente, los ingresos obtenidos por sanciones de tráfico deben destinarse íntegramente a la mejora de la seguridad vial, incluyendo infraestructuras, educación vial, investigación y asistencia a víctimas.

Sin embargo el destino de esta recaudación no está del todo claro, lo que ha llevado el pasado 26 de enero a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, a solicitar al Gobierno de España que destine el dinero que la Dirección General de Tráfico (DGT) recauda con los radares instalados en la provincia a «mejorar nuestras carreteras y a aliviar el colapso que sufren cada día los malagueños». Si se quiere mejorar la seguridad vial «hay que mejorar el tráfico y, para reducir el número de accidentes, hay que mejorar las carreteras y las infraestructuras viarias en la provincia; es lo que llevamos reclamando a Sánchez y al ministro Puente todo este tiempo», ha incidido la dirigente.

Desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) destacan el importante número de denuncias formuladas mayoritariamente en autopistas y autovías, «y no en las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas». Su presidente, Mario Arnaldo, considera que «la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación».

Por otra parte, en los últimos años, se han endurecido las sanciones. Estas medidas buscan según la DGT reducir accidentes, pero «el aumento de las cuantías y la pérdida de puntos que conlleva la realización de cursos para recuperar el permiso y exámenes de recuperación genera dudas sobre su verdadera voluntad», argumentan los abogados de Pyramid Consulting.

Los expertos en gestión de multas han detectado un aumento en la judicialización de sanciones, especialmente en casos donde se perciben errores procedimentales «ya que la Administración no remite las pruebas necesarias para acreditar las infracciones».

Esto pone en evidencia desde su punto de vista «la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades para garantizar que los fondos se utilicen de acuerdo con su propósito original a nivel nacional».

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