Doce detenidos en la operación de la UDEF de la Policía Nacional en el Ayuntamiento de León, San Andrés, Astorga y Villaquilambe por amaños en adjudicaciones

Se busca información sobre adjudicaciones irregulares vinculadas a radares en los diferentes municipios.

En el marco de una operación aún convulsa, fuentes oficiales han confirmado la detención de la socialista María Eugenia Gancedo, alcaldesa de San Andrés, que pasadas las 11:30 horas llegaba al Ayuntamiento de la alfoz, acompañada por varios miembros de la UDEF.

Pasadas las 14:30 horas, la noticia se confirmaba, un segundo alcalde era detenido. Se trata de Manuel García, el alcalde de Villaquilambre, que durante toda la mañana estuvo retenido en un sala de juntas del ayuntamiento del alfoz.

Junto a él, la policía también procedía a la detención de Mónica Varón, portavoz del PP en Villaquilambre, así como de un técnico municipal, que también prestó declaración durante más de cuatro horas.

Entre los detenidos se encuentran además dos miembros de Ciudadanos. Por una parte, Sadat Maraña, el asesor de la formación naranja en la Diputación de León y exlíder de Cs en León, ha sido uno de los primeros detenidos en el marco de la 'Operación Enredadera'.

Minutos después confirmaban a leonoticias la detención del diputado y portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández. Desde Ciudadanos ya han advertido que no le temblará la mano con la corrupción y que serán expulsados quienes sean detenidos o imputados en la macrooperación.

Otro de los detenidos, en este caso un leonesista. En esta caso, Francisco Gómez, el portavoz del PAL en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y miembro del equipo de gobierno.

Asimismo, en el marco de esta macrooperación, la Policía Nacional ha procedido a la detención del empresario leonés José Luis Ulibarri, considerado como uno de los cabecillas del entramado.

Propietario de UFC y de varios medios de comunicación local y autonómica, Ulibarri está implicado además en la trama Gürtel. Junto a él, su mano derecha Miguel Hernán Manovel García.

Las últimas detenciones se han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Astorga. Concretamente, los agentes de la UDEF han trasladado en vehículo policial a los concejales de Urbanismo, Manuel Ortiz, de Deportes, Javier Gúzman –ambos del PP-, y de Comercio, Pablo Peyuca, del PAL. Además, los agentes se han trasladado hasta la vivienda del alcalde, Arsenio García Fuertes, que se encontraba de viaje en Madrid.

Por su parte, en el Ayuntamiento de León, donde hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna detención, los agentes mantienen precitandos los despachos del concejal de Infraestructuras, el popular José María López Benito.

Asimismo, miembros de la UDEF se han trasladado a media mañana hasta el Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo, liderado por el socialista Joaquín Llamas.

Los agentes de la UDEF han iniciado de este modo una operación contra un posible caso de corrupción en la adjudicación de los concursos para la colocación de radares en decenas de ayuntamientos de España incluyendo en los tres de León. En su conjunto se esperan más de 40 detenciones en toda España.

La actuación se enmarca en una investigación por la adquisición de los radares que utilizan las policías municipales, además del control y compra de semáforos, según se ha remarcado desde la investigación.

La investigación de la UDEF también se vincula al grupo Sacyr. En el caso de León se desconce el alcance de la operación. Hasta el Ayuntamiento de León se han desplazado numerosos agentes y efectivos de la Policía Nacional.

Los agentes tienen en su punto de mira una gran red de amaños de adjudicaciones fraudulentas de sistemas de gestión y ordenación del tráfico a una empresa tecnológica radicada en Cataluña, Aplicaciones Gespol SL, una firma del grupo Sacyr.

Entre los consistorios investigados hay mayoría del Partido Popular, aunque también de alcaldías dirigidas por otros partidos y se prevén detenciones de miembros de diversas formaciones. Entre los investigados está un conocido empresario ya imputado en su día en la trama Gürtel.

Hay también encausados varios jefes de las policías locales por intermediar para que los municipios contrataran los servicios y los software de la empresa bajo sospecha. Las acusaciones de Anticorrupción son, entre otras, prevaricación, malversación, falsificación, cohecho, delitos contra la administración e integración en organización criminal.

En el marco de la 'operación Enredadera', los agentes ya han iniciado numerosos registros en diferentes ayuntamientos en localidades de Cataluña, Madrid, Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón.

Además de en León, Villaquilambre, Astorga y San Andrés del Rabanedo, se prevén actuaciones en Arroyomolinos, Navalcarnero o Fuenlabrada (Madrid(, Mollet de Valles y de Tiana, (Barcelona) y municipios de La Coruña, Málaga, Zaragoza, Oviedo, Huesca, Teruel, Lérida o Palencia.