Sacyl reincorpora en su cargo por orden judicial al exgerente de León

La Junta publica hoy en el Bocyl la orden sanitaria por la que dispone el cumplimiento del auto dictado por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de León en el que ordenaba una ejecución de sentencia ante la desobediencia de la sentencia previa por parte de la Consejería de Sanidad que resolvía reponerlo en su cargo.

Condenada a costas y a readmitirlo, con fecha del 16 de mayo de 2024 (al día siguiente de su publicación), resuelve así la Junta el cese del demandante como funcionario –ocupaba la plaza de médico en AtenciónPrimaria en Villamañán a 40 kilómetros e León– para poder incorporarse en dicho puesto de libre designación.

El 12 de enero de 2023 una sentencia, declarada firme un mes después, fallaba en contra del cese de José Pedro Fernández Vázquez, como gerente de Atención Primaria de León durante cuatro años. Admitía así el juzgado el recurso contencioso-administrativo y daba la razón al demandante anulando la orden sanitaria de mayo de 2022 que lo retiraba de su cargo. Las resoluciones judiciales declaraban «sin valor ni efecto alguno por no ser ajustado al ordenamiento jurídico» dicho despido y obligaban a reponerlo en su puesto «con todos los efectos administrativos y económicos».

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Un año después, Sacyl aún no había cumplido el fallo judicial, por lo que tuvo que recurrir a pedir una orden de ejecución de sentencia, que fue dictada el pasado mes de abril concediendo un mes para su cumplimiento. Y la misma declaraba «como encargado y responsable del cumplimiento de la sentencia al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, y, en su caso, a quien legalmente se encuentre sustituyéndolo», a quienes «se requerirá personalmente, con las advertencias legales, para que acrediten documentalmente ante este juzgado haber llevado a efecto de manera material y efectiva el cumplimiento de la sentencia». Advertía el auto judicial que si se transcurriera dicho plazo sin cumplir con la orden de reponerlo en su cargo, el juzgado adoptará les medidas necesarias, entre ellas, «la imposición de multas coercitivas (de 150 a 1.500 euros) a la autoridad o funcionario identificado como responsable» que se reiterarán hasta que conste el cumplimiento (la ley contempla que la sanción será reiterada cada 20 días) y considera asimismo pedir responsabilidades penales. Indica el juzgado que «estamos ante un incumplimiento prolongado en el tiempo», mediante maniobras «dilatorias».

La Junta solamente procedió en cumplimiento de sentencia a pagar 3.361 euros a José Pedro Fernández Vázquez, la cantidad que perdió por el despedido y el tiempo sin el salario de una categoría superior.