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Durante cerca de dos horas estuvieron ayer acusación y defensa de la «trama del PP leonés» reunidos con la jueza y fiscal con el objetivo de concretar qué pruebas periciales y testificales irán al juicio en el que la magistrada deberá dictaminar si hubo alteración del censo y adulteración del proceso de primarias el pasado junio de 2021.
En la vista previa, celebrada en la mañana de este jueves, la primera sorpresa llegó con el adelanto de la fecha de juicio, que se ha fijado entre el 15 y el 16 de febrero de 2023 para evitar que coincida con las elecciones municipales, que tendrán lugar el próximo mes de mayo.
Asimismo, la jueza admitió la totalidad de las pruebas testificales presentadas por la acusación. Una admisión que provocará que once cargos y militantes del Partido Popular, entre los que se encuentran diputados, alcaldes, exregidores o excargos autonómicos entre otros, tengan que acudir a presentar declaración al juzgado de Primera Instancia número 2 de León. A estos testigos se sumará una duodécima persona aportada por la defensa del actual presidente del Partido Popular de León.
En último lugar, y según confirmó el abogado de la acusación, Antonio Estella, las pruebas periciales presentadas por un detective privado así como las del perito informático externo determinado por el juzgado, también serán admitidas.
Eso sí, la jueza acotó las fechas en las que dicho perito deberá buscar afiliaciones y serán entre el 12 de noviembre de 2020 (día en la que finalizó la fecha de actualización del censo) y el 22 de junio de 2021, (fecha en la que se celebraron las primarias). «En caso de que en esas fechas haya habido altas y esas personas hayan votado, las primarias se podrán declarar nulas», explicó el letrado Antonio Estella.
Antes de que se produzca el juicio, el perito informático viajará a la madrileña calle de Génova, sede del PP nacional, acompañado de los dos abogados, con el objetivo de detectar en los sistemas informáticos del PP si ha habido altas o un posible borrado de las mismas. Cabe recordar que el propio perito denunció que el PP no le había dejado acceder a los ordenadores, un hecho que de momento ha quedado impune. «Pero si lo hacen una segunda vez pediremos que se le imponga una multa al PP», aseguró ayer el jurista.
Al término del juicio, será la magistrada quien deberá determinar si se sostienen las acusaciones vertidas por el hoy alcalde de Villaquilambre, Manuel García, denunciando que había habido irregularidades en las elecciones primarias donde Javier Santiago Vélez fue elegido presidente del PP leonés.
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