Una macrooperación contra la corrupción se salda con cinco ayuntamientos registrados, cinco detenidos y once cargos políticos investigados en León

Una macrooperación que se ha saldado con el registro de cinco ayuntamientos –León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo-, la detención por orden judicial de cinco leoneses y la detención en calidad de investigados de otras once personas, entre ellos tres alcaldes.

Concretamente, el auto judicial decretaba la detención del empresario leonés José Luis Ulibarri, ya investigado en el marco de la trama Gürtel, y de su socio Miguel Hernán Manovel García. Concretamente, el juez entiende que la trama pivota sobre el empresario dedicado a los medios de comunicación que podría haber realizado funciones de comisionista. Ulibarri ha pasado la noche en el calabozo de la comisaría Delicias de Valladolid, desde donde hoy se le trasladará a Badalona para prestar declaración ante el juez.

El tercer leonés que figura en el auto del Juzgado de Instrucción nº2 de León de Badalona es el de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León. El que fuera secretario provincial de la formación naranja también ha sido detenido en el transcurso de este martes.

Un segundo político de Ciudadanos sobre el que pesaba una orden de detención es el diputado Juan Carlos Fernández.

Precisamente, ha sido en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, donde ejerce como concejal, donde en el transcurso de la mañana de este martes se ha le ha visto llegar acompañado por varios efectivos de la UDEF. Posteriormente y tras realizar las diligencias oportunas, ha sido trasladado a la dependencias policiales.

El último nombre que aparecía en el largo listado de detenciones dictadas por el juez es el del Juan José Simón Callejo, el que fuera concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Astorga.

Una operación que se ha saldado con la detención en calidad de investigados de otras once personas, en su mayoría cargos políticos. Concretamente, los agentes han trasladado a las dependencias policiales a los alcaldes de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, de Villaquilambre, Manuel García, y de Astorga, Arsenio García.

El primero de ellos fue el popular Manuel García, que estuvo retenido y prestando declaración en una sala de juntas del Ayuntamiento de Villaquilambre durante más de cuatro horas. Finalmente, fue trasladado a la Comisaría de León. Junto a él, la portavoz del PP, Mónica Varón, y un técnico municipal. Los tres fueron trasladados por separados en vehículos policiales.

Mismo escenarios en el Ayuntamiento de Astorga. Allí, los agentes de la UDEF trasladaban hasta las dependencias policiales a Manuel Ortiz, concejal de Urbanismo y portavoz del PP en Astorga, que, tras prestar declaración, fue trasladado hasta la Comisaría de Policía Nacional.

Mientras, en el interior los agentes seguían requisando información y tomando declaración al concejal popular de Deportes, Javier Guzmán, y al de Comercio y portavoz del PAL, Pablo Peyuca, que, al igual que su compañero de equipo de gobierno, eran trasladados hasta las dependencias policiales.

El último fue el alcalde Arsenio García, que se encontraba en Madrid y al que los agentes le esperaban en su domicilio. Sin embargo, el alcalde optó por dirigirse directamente a la Casa Consistorial, desde donde fue trasladado a la Comisaría, donde actualmente están prestado declaración.

Los últimos en ser trasladados a dependencias policiales, fueron los representantes políticos de San Andrés del Rabanedo. Pasadas las 16:00 horas, la alcaldesa María Eugenia Gancedo abandonaba la Casa Consistorial escoltada por numerosos efectivos de la UDEF, que portaban cajas con diversa consideración, para su trasladado hasta la Comisaría de Astorga.

Mismo destino tuvo el teniente de alcalde Miguel Ángel Flórez, el concejal de Hacienda Santiago Blanco Sacristán y el portavoz del Francisco Gómez.

El Juzgado de Badalona acordó el registro de cinco ayuntamientos de la provincia de León así como la localización de sus titulares con el objeto de facilitar el desarrollo de los pertinentes registros.

No eran aún las 8:00 horas cuando numerosos miembros de la UDEF de la Policía Nacional accedían a los interiores de los Ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Astorga. Lo hacían simultáneamente y con órdenes de registro.

Aparente tranquilidad en el interior del Ayuntamiento de León, con el alcalde Antonio Silván asegurando a los medios de comunicación que el interés de la UDEF era la recopilación de documentación y en ningún caso «proceder a cualquier detención».

De esta forma, despejaba cualquier duda tras la confirmación de las primeras detenciones. Silván advertía que a diferencia de otros lugares de España y conforme a lo que le han trasladado los responsables de la UDEF, en el Ayuntamiento de la capital no procede ninguna detención, limitándose a una petición de documentación e información. «Absoluta transparencia en las siete plantas el Ayuntamiento de León».

La única medida cautelar que llevaron a cabo los agentes fue el precinto del despacho del concejal de Infraestructuras, José María López Benito, en el que estuvieron algo más de una hora recopilando información.

Finalmente y confirmando las afirmaciones de Silván, la UDEF no ha procedido ni la detención ni al traslado a dependencias policiales de ningún concejal o trabajador del Ayuntamiento de León.

Los agentes de la UDEF han procedido a una operación contra un posible caso de corrupción en la adjudicación de los concursos para la colocación de radares en decenas de ayuntamientos de España incluyendo en los tres de León. En su conjunto se esperan más de 40 detenciones en toda España.

La actuación se enmarca en una investigación por la adquisición de los radares que utilizan las policías municipales, además del control y compra de semáforos, según se ha remarcado desde la investigación.

La investigación de la UDEF también se vincula al grupo Sacyr. En el caso de León se desconce el alcance de la operación. Hasta el Ayuntamiento de León se han desplazado numerosos agentes y efectivos de la Policía Nacional.

Los agentes tienen en su punto de mira una gran red de amaños de adjudicaciones fraudulentas de sistemas de gestión y ordenación del tráfico a una empresa tecnológica radicada en Cataluña, Aplicaciones Gespol SL, una firma del grupo Sacyr.