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Jueves, 3 de mayo 2018
Raquel Gago, condenada como cómplice en el crimen de Isabel Carrasco, ha calificado este jueves como «execrable» aquella acción. Lo ha advertido a través de su representación legal, mediante la que ha trasmitido su «solidaridad» con la familia de la víctima.
Ha sido este jueves cuando el bufete Torres & Oliva Legal Advisory ha dado curso al comunicado realizado por la Corte Europea en el que no se admite la reclamación ejercida por la expolicía municipal.
A ella había acudido Gago en busca de amparo legal entendiendo que durante el juicio al que fue sometida por el crimen de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, fueron vulnerados sus derechos fundamentales.
Torres & Oliva Legal Advisory asegura en un comunicado que el dictamen, ya conocido semanas atrás, no les ha sido trasladado hasta este jueves. En él, además, se remarca el dictamen contrario tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de inadmitir la demanda presentada el pasado 17 de enero de 2018.
«Tanto este despacho profesional, como la propia Raquel, acatamos la decisión de la Corte al tiempo que queremos destacar la firme convicción personal y profesional en su inocencia, que lamentablemente no ha sido reconocida en ninguna de las instancias a las que Raquel ha acudido», se recuerda en la nota de prensa.
«Pese a ello, expresa su confianza en el Estado de Derecho y seguirá defendiendo sus intereses conforme a la legalidad», también añade.
Raquel Gago insiste en manifestar «su profundo pesar por tan execrable crimen y su solidaridad con la familia de Doña Isabel Carrasco Lorenzo».
Finalmente, en la misma nota, quiere transmitir «su más sincero agradecimiento a todos cuantos han creído y creen en su inocencia, y especialmente a su familia, para quienes pide respeto y comprensión ante lo complicado de su situación».
Raquel Gago fue condenada inicialmente a 12 años de prisión, una pena finalmente elevada hasta los por un delito de tenencia ilícita de armas en base a un auto emitido tras recurso por parte del Tribunal Supremo.
Tras el veredicto del jurado popular en la Audiencia Provincial, que consideró a Monterrat Gutiérrez, Triana Martínez y Raquel Gago culpables del crimen y cooperadoras de un plan para ejecutarlo, el magistrado de la Audiencia Provincial de León, Carlos Álvarez, corrigió 19 días después a los nueve miembros del jurado -cinco hombres y cuatro mujeres- al dictar la sentencia.
Entonces condenaba a la policía local a cinco años, porque cambiaba el delito de «cómplice» por el de «encubridora». Un posterior recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León volvió a corregir la situación de Gago. En sentencia de apelación la condenó a 12 años de prisión, al considerar, de nuevo, que sí era «cómplice» del asesinato y dar la razón al veredicto popular.
Tras ese incremento la ya expolicía local de León comprobó cómo se producía un nuevo incremento en la pena hasta los 14 años.
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