El equipo de gobierno al completo del Ayuntamiento de León será citado en la comisión sobre la Operación Enredadera

El equipo de gobierno al completo será citado a declarar en el marco de la comisión especial sobre la 'Operación Enredadera' que intentará arrojar luz sobre la implicación del Ayuntamiento de León en uno de los mayores entramados de corrupción de España.

Junto a ellos, los técnicos municipales implicados en los contratos municipales que fueron objeto de la UDEF de la Policía Nacional así a los representantes políticos, bien de la actual o anterior legislatura, que asistieron a las mesas de contratación.

En total, una treintena de personas en un listado que se completa y por petición del PP con los cuatro concejales de Ciudadanos.

La primera cita de comparecencias tendrá lugar el próximo miércoles 19 de diciembre y en ella han sido citados a declarar cuatro técnicos municipales, la concejala de Bienestar Social, Aurora Baza, y su homóloga en el mandato anterior, Montserrat Gutiérrez.

Encima de la mesa el próximo miércoles, los contratos de servicio de terapia ocupacional en la residencia Virgen del Camino, de servicio de atención técnica a la ludoteca de San Andrés del Rabanedo y de Ayuda a Domicilio correspondientes al 2013 y 2017.

Sobre todos ellos pesa la sospecha de «posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias».

Una primera comparecencia que, no son de obligada asistencia, pero que desde Cs confían en que acudan tanto técnicos como representantes políticos para explicar «qué ha ocurrido en el Ayuntamiento de León».

«Ninguno tiene obligación de comparecer pero confiamos en que la parte técnica quiera asistir para ayudar a esclarecer los hechos. Además, existe un compromiso por parte de los políticos de comparecer de manera involuntaria, por lo que no asistir sería irracional», señaló Ana Carlota Amigo, presidenta de la comisión especial.

Una comisión que, según las previsiones, se prolongará hasta el mes de abril y que de nuevo ha vuelto a ser objeto de boicot del PP. Así lo ha denunciado la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, que ha acusado al PP de oponerse a la regeneración democrática.

El motivo está de esta acusación está en un informe presentado por la secretaría general en el que se denuncia la vulneración del derecho constitucional a la información ante la inexistencia de una copia de los expedientes contractuales que fueron requisados al Juzgado de Badalona.

Una 'falta' que es consecuencia directa de la «irresponsabilidad» del equipo de gobierno que «es el responsable por ley de tener una copia de los contratos», pero que, en cualquier caso, no impide esclarecer y dirimir responsabilidades políticas en base a la documentación aportada desde el departamento informativo y de documentación.

Nosotros vamos a seguir analizado los 20 contratos y continuar con total normalidad a pesar de las trabas que sistemáticamente parece encontrar el PP. Le recuerdo al alcalde Antonio Silván que fue él el que quiso someterse a esta investigación y es hora de explicar porque creo que ninguno de los leoneses les hiciera mucha gracia ver a la policía llevándose cajas de documentación de su Ayuntamiento», señaló Villarroel.