Comienza el juicio por la muerte de seis trabajadores en el Pozo Emilio en 2013

El proceso se retoma transcurridos 3.388 días desde que el Pozo Emilio del Valle, en el municipio de Pola de Gordón, se convirtiera en el inolvidable escenario de uno de los episodios más lamentables de la centenaria compañía y después de que el Juzgado de lo Penal número dos de León dictase el 15 de abril de 2021 un auto de suspensión, devolviendo el procedimiento al Juzgado de Instrucción número 4, para practicar una instrucción suplementaria sobre las pólizas de seguro de responsabilidad civil concertadas por algunos de los acusados.

La jornada del lunes está destinada a abordar las cuestiones previas, que podrían aportar -como ocurrió hace casi dos años-, algún imprevisto al desarrollo del juicio y, en principio, está establecido que los acusados comparezcan esta semana y la siguiente. En total, son 16 los imputados en el caso; entre ellos, el que fuera presidente de la compañía, Antonio del Valle, el entonces vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle y el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle, además de los directores general y facultativo, ingenieros y vigilantes de seguridad.

Para cada uno de ellos el fiscal solicita penas de tres años y medio de prisión, además de indemnizaciones, mientras las acusaciones particulares elevan sus peticiones hasta los seis años y medio de cárcel. Los afectados reclaman la libre absolución y argumentan que el siniestro fue imprevisible. Está prevista, hasta el 30 de marzo, la comparecencia de 80 testigos y peritos propuestos por las partes.

A cientos de metros de profundidad, un derrabe de carbón provocó el 28 de octubre de 2013 un gran aporte de grisú en la galería de la planta séptima, donde se encontraban las víctimas, y el contenido de oxígeno bajó casi de forma instantánea hasta el uno por ciento, lo que produjo la muerte inmediata por asfixia a cinco mineros leoneses y uno asturiano.

Dos días después, el funeral celebrado en Santa Lucia de Gordón para cinco de los seis fallecidos, concentró el dolor de toda la comarca y sirvió de altavoz para plantear preguntas que, transcurrida casi una década, no han obtenido una respuesta definitiva. Un compañero de los muertos reclamaba entonces saber lo antes posible el porqué de la tragedia y una familiar de una de las víctimas pedía «que Dios perdone a los responsables de esto, porque creo que se podía haber evitado y espero que cada vez que cierren los ojos tengan esta imagen en la cabeza y acaben donde deberían estar».

El juzgado de Instrucción número 4 de León determinó en 2017 la existencia de seis presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave y otros de lesiones por imprudencia y argumentó que se trabajaba en la zona afectada sin las medidas de seguridad adecuadas, poniendo en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de los mineros.

El juicio pretende aclarar si la mina, que dio a la Hullera Vasco Leonesa 120 años de historia, vivió en el otoño de 2013 su postrera gran tragedia y se cobró un cruel tributo sin previo aviso o si se ignoraron las señales de alerta que dio antes de escribir una de sus peores páginas.