Raquel Gago, la policía que arruinó su vida por guardar un arma

No convencieron sus lágrimas ni su alegato de inocencia durante último turno de palabra. Raquel Gago ha recibido el veredicto más duro posible. El jurado popular ha declarado «culpable» por mayoría simple de un delito de asesinato como cómplice a la agente de la Policía Local implicada en el crimen de Isabel Carrasco.

No hubo unanimidad pero si mayoría de siete suficiente para sentenciar a Gago. Era el veredicto más esperado, también el más duro y el jurado popular lo dictó. El jurado entendió probado que Raquel conoció los propósitos de las otras dos acusadas para matar a Isabel Carrasco y, como tal, aceptó formar parte de ellos.

Un fuerte golpe para Raquel Gago, que rompió a llorar a medida que el portavoz del jurado daba lectura a un veredicto que le condena a volver a prisión, la misma que abandonó tras 258 días a finales del pasado mes de enero. Ni los intentos de consuelo de su letrado consiguieron consolar a la agente.

«Probados»

Tras 72 horas de deliberación, completamente aislados, el jurado entendió que Raquel Gago se situó en la jornada del crimen en la calle Lucas de Tuy donde tenía que encontrarse con Triana, a la que, conscientemente, le abrió el coche para que metiese el bolso que contenía el arma utilizado para el crimen.

Revolver que mantuvo oculto sin comunicar a nadie sus encuentros con madre e hija, hasta el día siguiente cuando puso en conocimiento de un amigo que había encontrado casualmente a pesar de que, según remarcaron, aceptó participar en los planes del crimen. En cualquier caso, para el jurado no quedó probado que su figura fuera imprescindible para cometer el crimen ni que realizase seguimientos a la víctima.

De ahí que entiende que Raquel Gago es «culpable» de un delito de asesinato, consistente en causar la muerte intencionada de Isabel Carrasco concurriendo una circunstancia especial de gravedad de disfraz.

Además entienden que Raquel Gago es culpable de un delito de atentado por contribuir al crimen consciente de que «el plan estaba motivado por decisiones que la víctima había tomado en el ejercicio del cargo de presidente de la autoridad», así como culpable de un delito de tenencia ilícita de armas por tener en su poder el revólver Taurus con el que se había cometido el crimen.

Solicitud de penas

A la vista del veredicto, el Ministerio Fiscal solicitó una pena de doce años de prisión por el delito de asesinato en calidad de cómplice así como tres años por el delito de tenencia ilícita de armas.

Por su parte, su letrado Fermín Guerrero, solicitó las penas mínimas: ocho años por el delito de asesinato y dos por tenencia ilícita de armas. Si bien, ya advirtió de que recurrirá la sentencia. Asimismo, solicitó la suspensión de la condena ya que «se ha demostrado en este tiempo que mi clienta ha estado en libertad que no existe riesgo de fuga o de destrucción de pruebas».