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El presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, comparece en la Comisión Extraordinaria de Economía y Hacienda.
El Tribunal de Cuentas investiga posibles responsabilidades contables en Ponferrada

El Tribunal de Cuentas investiga posibles responsabilidades contables en Ponferrada

Este tribunal está investigando al Ayuntamiento de la capital berciana por posibles irregularidades en reconocimientos extrajudiciales de créditos de 2012 y 2013

dani gonzález - leonoticias.com

Viernes, 22 de enero 2016, 17:01

El Tribunal de Cuentas está investigando posibles responsabilidades contables en los ayuntamientos de Ponferrada (León) y de Aranda de Duero (Burgos) por irregularidades en reconocimientos extrajudiciales de crédito correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.

En ambos casos, las actuaciones previas se han puesto en marcha al detectar el Consejo de Cuentas de Castilla y León indicios de responsabilidad durante la elaboración de sendos informes de fiscalización, según anunció hoy en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes su presidente, Jesús Encabo.

En el caso de Ponferrada, el Consejo de Cuentas denuncia que hay una factura de 11.328 euros del Patronato Municipal de Fiestas, correspondiente a un espectáculo público que deriva de una modificación contractual, que no ha sido acreditada. Además, indica que en el expediente de dicha factura no se justifica el gasto.

Por su parte, en Aranda de Duero las partidas investigadas son dos facturas por importe total de 3.815 euros referentes a los trabajos en el campo de tiro La Calabaza y el canon de recogida de residuos en el periodo de abril del 2011 a diciembre de 2012 por importe de 79.426 euros.

Además de los informes de fiscalización de Ponferrada y Aranda, Encabó presentó esta mañana en la Comisión de Hacienda otros sobre Miranda de Ebro (Burgos), Laguna de Duero (Valladolid), Medina del Campo (Valladolid) y Villaquilambre (León) y en todos los casos se critica que estas operaciones suponen una distorsión de la gestión económica y presupuestaria.

En el caso de Miranda de Ebro, el Consistorio aprobó de forma extemporánea gastos de ejercicios anteriores por una cuantía total de 381.950 euros, mientras que esta cantidad ascendió a 664.117 euros en el caso del Ayuntamiento de Aranda de Duero. En Ponferrada la cantidad superó los cinco millones de euros; en Villaquilambre, los 4,2 millones; en Medina del Campo, los 900.000 euros y en Laguna de Duero, lo 218.000 euros.

No obstante, Encabo resaltó que comparando los datos globales de los seis ayuntamientos fiscalizados se observa que la situación ha mejorado notablemente entre 2012, cuando los reconocimientos extrajudiciales sumaron 10,8 millones de euros, y 2013, cuando la cantidad descendió hasta los 1,4 millones de euros.

Al mismo tiempo, el presidente del Consejo de Cuentas se mostró dispuesto a asesorar a los ayuntamientos en el uso de este mecanismo contable, tal y como pidieron algunos de los grupos políticos, pero recordó que todos los ayuntamientos analizados cuentan con personal cualificado como son los interventores, además de referirse a las recomendaciones que aparecen en los respectivos informes de fiscalización.

Acuerdo

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Hacienda, Salvador Cruz, resaltó que los reconocimientos extrajudiciales son un problema que afecta a casi la totalidad de los consistorios, y planteó al resto de los grupos llegar a un acuerdo que sirva de base para elaborar una serie de recomendaciones a los ayuntamientos.

Mientras tanto, el portavoz socialista, Javier Izquierdo, también incidió en la necesidad que tienen los ayuntamientos de recibir formación y asesoramiento para mejorar la técnica presupuestaria.

Más critico se mostró el procurador de Izquierda Unida José Sarrión, que argumentó que los informes del Tribunal de Cuentas ponen de manifiesto la falta de transparencia en la gestión de la mayoría de los ayuntamientos, así como la ligereza de la gestión económica.

En una línea similar se pronunció el portavoz de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, que coincidió con el procurador de Podemos Félix Díez, en que, ante funcionamientos irregulares, deben exigirse responsabilidades.

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