Tragsa adjudica el proyecto de restauración de la mina Fonfria a una empresa de Almería

Ni de León ni con mineros leoneses. Las labores de restauración del cielo abierto de Fonfría en Caboalles de Arriba serán acometidas por una empresa de Almería. La estatal Tragsa ha adjudicado el procedimiento de licitación para el movimiento de estériles y acondicionamiento de escombreras del cielo abierto a Transformaciones y Embalses Parra S.L.

Todo ello a pesar del compromiso de la Junta de Castilla y León de compensar a las empresas de la zona que en mayor o menor medida han sufrido los duros ajustes de la minería del carbón y de la incorporación del máximo número posible de mineros actualmente en paro a las labores de rehabilitación a pesar de que la especialización de los trabajos pudieran ser una traba para la contratacion de mineros desempleados.

Una adjudicación que constaba de tres lotes y para la que Tragsa, según la documentación a la que ha tenido acceso leonoticias.com, no ha adjudicado a la oferta económica más ventajosa, concretamente, las obras adjudicada tendrá un presupuesto de 2.763.090 euros cuando la mejor oferta económica que se presentó fue de 2.448.810¤.

Un jarro de agua fría para el sector de la minería no solo ante el incumplimiento de sus promeses de adjudicar las labores de restauración de Fonfría a una empresa de la zona para paliar las graves pérdidas económicas por la crisis del carbón sino ante la adjudicación a una empresa con un coste más elevado.

Malestar que ha calado entre las empresas ofertantes que además advierten de que este tipo de procedimientos no es la primera vez que se sucede ya que, según ha podido saber este diario, la misma empresa de Almería fue la adjudicataria en la repoblación del cielo abierto del Feixolin.

Una exigencia de la UE

La restauración del cielo abierto de Fonfría, al igual que la del Feixolín, responde a la ejecución, por parte de la Junta, de un mandato de la Unión Europea a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, en noviembre de 2011.

En dicha sentencia, se condena a España por los incumplimientos medioambientales de los cielos abiertos de Laciana y Babia al considerar que los efectos de las minas, todas ellas de Coto Minero Cantábrico, debían evaluarse de forma acumulativa.

La Junta de Castilla y León asumió la ejecución subsidiaria de los trabajos tras la liquidación de Coto Minero Cantábrico, en la actualidad en manos de Minera Astur-Leonesa, con el fin de evitar posibles sanciones por parte de Europa, aunque, en principio, la inversión deberá ser reintegrada a la Junta por parte de la empresa minera propietaria de las explotaciones.