Nuevas pruebas llevan a los padres de una joven asesinada en 2005 a pedir que se reabra el caso

Desde el 5 de junio de 2005, cuando apareció en el vertedero de la localidad de Navatejera el cuerpo sin vida de Rocío Fernández, de 24 años, hasta el día de hoy, no hay nadie que esté pagando por el crimen. El juzgado número 3 de León archivó el caso por falta de pruebas y por irregularidades en el proceso, aunque Baldomero Fernández y Florinda Ameijerias, los padres de la joven, tienen claro quién fue el autor, aunque en un primer momento hubo dos sospechosos.

El caso se encuentra ahora paralizado en la Audiencia Provincial, aunque se han aportado nuevas pruebas. Se trata del resultado del informe forense de un especialista contratado por la familia, que realizó una segunda autopsia del cuerpo, en la que se hallaron pelos de caballo y 26 capilares humanos. La persona a quien culpan, la que era en aquel momento su pareja, tenía por aquel entonces una explotación equina.

Son detalles de una truculenta historia, todavía por resolver, que se remonta a hace diez años. Dos lustros de una «película de terror» en un caso «sumamente enquistado» para el que la familia clama una solución para poder descansar. Baldomero Fernández relata cómo el 13 de mayo de 2005, el día después de que Rocío confesara a su familia que se encontraba embarazada, salió de casa para «arreglar las cosas» con su pareja sentimental, un varón, también por aquel entonces de 24 años.

Mensajes de móvil

Los padres presenciaron cómo Rocío se fue con él en una furgoneta. Fue la última vez que la vieron. Nunca más regresó, aunque durante los días posteriores recibieron varios mensajes desde su teléfono móvil asegurando que estaba en Madrid y que se encontraba bien. «Nos mandó un mensaje diciendo que fuéramos a pedirle perdón a este señor porque él no era el padre del hijo, que era otro. Estaba todo tramado para exculparle y cargarle el muerto a otros», asegura Baldomero.

Con la sospecha de que esos mensajes que estaban recibiendo no salían de la propia Rocío, una semana después los padres presentaron una denuncia. El cuerpo apareció en un vertedero y, a día de hoy, Baldomero y Florinda dan gracias por el hecho de que, al menos, el cuerpo hubiera aparecido. Sin embargo, desde el primer momento la investigación judicial estuvo plagada de «cosas raras», según denuncia el progenitor. Primero se encargó del caso un juez y, después, el asunto se derivó a la titular del juzgado número 3 de León.

Pruebas de ADN

«No le han prestado la atención que tenían que haberle prestado. Hay negligencias por todos los lados», lamenta. «El cuerpo apareció descompuesto, sólo 20 días después de que desapareciera. A día de hoy no sabemos cómo murió. La primera autopsia fue una chapuza», señala Baldomero Fernández. Por eso, la familia contrató en 2008 a un médico forense privado que realizó un análisis, tras recibir el permiso de la Audiencia Provincial. En el informe, se desveló el hallazgo de esos pelos de caballo y humanos.

Uno de los dos sospechosos, un vecino de la localidad de Villaseca de Laciana, de donde es originaria la familia Fernández Ameijeiras, se sometió a las pruebas de ADN y se concluyó que no se correspondían con él. Pero el otro sospechoso, la pareja de la víctima, la misma persona con la que vieron marcharse a Rocío aquel 13 de mayo, se negó. «Se presentó con tres familiares. Padre, madre y un hermano, y se negaron todos a hacerse las pruebas», recuerda Fernández, que todavía no comprende cómo la administración judicial no ha obligado al sospechoso a cotejar el ADN.

Además, el padre afirma que tanto el hombre a quien acusa como su familia llevaban una explotación ganadera en la que tenían caballos. Sospechan que Rocío fue asesinada días antes de que su cuerpo apareciera en el vertedero y, probablemente, fue trasladada allí a lomos de uno de esos animales, de ahí que se encontraran pelos de caballo en la ropa. Baldomero Fernández también asegura que el domicilio de esa familia se encuentra a 800 metros de la escombrera donde fue encontrada la joven.

Diez años «sin poder vivir»

También hay dos testigos, dos empleados de esa nave ganadera, que «dijeron a la Policía Local que lo sabían todo» y, seis días después, cuando fueron llamados a declarar «lo negaron todo y dijeron que la Policía les había agredido y obligado a decirlo». «La jueza creyó más a estos señores que a la Policía Local», lamenta Baldomero para quien, dos lustros después, la causa y el autor de la muerte de Rocío Fernández es algo que está «superclaro».

«Si el caso lo hubiera llevado otro juez, estaba resuelto», afirma, a la vez que ha denunciado que la encargada del caso después del primer magistrado «tuvo inmovilizada» la investigación policial y «no dejó trabajar» a la Guardia Civil. Ahora, tras diez años «sin poder vivir», la familia pide a la Audiencia Provincial que agilice el proceso, que reabra el caso, que se sirva de las pruebas aportadas por el segundo análisis forense y que «obligue» a sus sospechoso a realizarse las pruebas de ADN y poner fin a esa «película de terror».