El PP expedienta al vicepresidente de la Diputación al ser imputado por prevaricación

Los días tranquilos en el seno del Partido Popular de León se cuentan con los dedos de una mano. El PP ha confirmado este viernes que, de acuerdo a sus estatutos, elevará a expediente disciplinario el que hasta la fecha era informativo en la figura del vicepresidente de la Diputación Provincial de León, José Antonio Velasco.

Todo ello después de que se conociera que el Juzgado de instrucción número 4 de Ponferrada ordenaba la apertura de juicio oral contra Velasco por un presunto caso de prevaricación.

"En su momento ya se informó a la regional de este caso, como de todos los que había en la provincia. De acuerdo a nuestros estatutos estamos hablando de un expediente informativo que, de acuerdo a estos mismos estatutos, ahora se elevará a disciplinario", ha asegurado Eduardo Fernández, secretatio provincial del PP leonés.

Ese expediente disciplinario, que contará con un instructor, servirá posteriormente para que se apliquen las medidas que correspondan y que podrían ir hasta la expulsión del propio partido, algo que en todo caso debería refrendar la Comisión Nacional de Derechos y Garantías del propio PP.

El PP leonés ha evitado hacer más valoraciones de este caso, aunque se admite que la situación "no es cómoda" por todo lo que "viene sobrevenido".

Un caso que viene de lejos

Jose Antonio Velasco, alcalde de Congosto y vicepresidente de la Diputación, además de responsable del PP berciano, está acusado de dos delitos de prevaricación urbanística. "Un caso que viene de lejos", se advierte desde las filas populares.

En concreto todo comenzó en 2011 cuando en la localidad de Almázcara una vecina decidió querellarse contra el vicepresidente de la Diputación y alcalde de este Ayuntamiento (Congosto) por lo que consideraba como irregularidades urbanísticas.

Algo tan 'simple' como una caseta para un contador de luz fue el detonante. El alcalde dio por bueno que fuera levantada y la vecina reclamó que la misma se realizaba sin las licencias oportunas y suponiendo un atropello a la legalidad. Pero la vecina ni tan siquiera se quedó ahí. Para ella era ilegal la caseta del contador pero además también lo era un edificio destinado a cochera que también el alcalde levantó sin las licencias oportunas, según la vecina.

Ahora se abre juicio oral por este caso al entender el fiscal que los delitos del vicepresidente podrían conllevar tres años de prisión, además de una multa de 10.000 euros y la inhabilitación para cargo público durante 36 meses.