Los planes del carbón han consumido 25.000 millones de euros de fondos públicos desde 1990

La Fiscalía Anticorrupción investiga al exlíder del SOMA, José Ángel Fernández Villa, por regularizar 1,2 millones de euros aprovechando la amnistía fiscal. Los cinco acusados por el fraude de Mina La Camocha han sido condenados a nueve años de prisión y a la devolución de más de 16 millones. Los escándalos han movido al Parlamento asturiano a crear una comisión de investigación para poner luz en los Fondos Mineros, ayudas defendidas como una segunda oportunidad a las comarcas del carbón.

En Castilla y León no se ha abierto proceso de investigación alguno sobre el gasto de los citados fondos, pero es conocido que una buena parte de ese dinero aprobado por el Ejecutivo nunca se empleó en la reconversión real de las zonas afectadas por la reconversión minera, un mal que ha sido reiteradamente cuestionado pero que no ha sido objeto de revisión.

Según cifras del Ministerio de Industria, a tal fin se destinaron en todo el país cerca de 25.000 millones de euros desde 1990, prejubilaciones aparte. El resultado es, al menos en Asturias, lejos del esperado. Sólo en términos demográficos y desde 2000, las cuencas han perdido 23.706 habitantes, un 13,7% de su padrón.

Mientras en la provincia de León, la más afectada de la comunidad de Castilla y león con anterioridad a 1996 (año en el que comienza a entrar en vigor la Ley de Actuación Minera de Castilla y León) la despoblación en las zonas mineras ascendía al 6,28% anual, estabilizándose posteriormente en un 2,8%. Izquierda Unida ha denunciado en reiteradas ocasiones que esa caída poblacional ha llegado a superar el 30% en las zonas mineras, pero la sangría no ha terminado.

¿Faltó dinero para conseguir otro resultado? El dinero que llegó fue siempre menos que el prometido. Los presupuestos del Estado consignaron a favor del Instituto para la Reactivación de la Minería del Carbón (IRMC) 8.052 millones sólo entre 2006 y 2011, pero las transferencias reales se quedaron en poco más de la mitad (4.538 millones). De fijarse en el sector financiero, resulta que éste recibió entre 2008 y 2012 unos 88.140 millones, lo que triplica de largo lo recibido por el sector del carbón.

Si se busca la escala autonómica, el dinero captado en ayudas a la explotación, el cierre, las infraestructuras y los proyectos empresariales alternativos tiene, sin embargo, difícil comparación. El Principado, por ejemplo, con sus 35.259 funcionarios, su centenar de escuelas e institutos, sus hospitales y sus 4.200 kilómetros de carretera que deben ser conservados o ampliados, se las arreglará el próximo año con un presupuesto de 3.959 millones. Es decir, las subvenciones que el carbón consumió darían para sostener durante más de seis años toda esta estructura de nóminas e inversión.

Tras calibrar el desembolso realizado por sus antecesores, el ministro de Industria, José Manuel Soria, compareció en julio de 2012 y clamó: «¿En qué se han invertido los miles de millones de los planes de infraestructuras? ¿Para qué han servido los miles de millones de formación? ¿Dónde están los parques tecnológicos que se podrían haber montado? ¿Dónde las empresas 'start-up' que son un ejemplo hoy en el País Vasco, por poner el caso, después de la reconversión industrial de los años 80 en empresas tecnológicas? ¿Acaso han sido pocos los recursos de 25.000 millones? Ni un sólo sector de la economía española ha obtenido tantos recursos». La cuenta aumentaría luego, y el ejemplo bancario pondría el contrapunto.

Aquel día, Soria relató cómo hasta 2012 se habían repartido 5.492 millones de ayudas directas a las empresas mineras, de las que el 38,4% (2.100 millones) beneficiaron a yacimientos de Victorino Alonso. El de La Vid de Gordón captó así unos 900 millones más que la propia Hunosa, cuya subvención a la explotación se quedaba en los 1.289 millones.

Las explotaciones mineras han sido las que mejor supieron agotar los presupuestos que se les ofertaban. Entre 2007 y 2011 el Estado reservó 1.884,2 millones para atender sus necesidades y el fondo acabó aprovechado al 86,4%. Por el contrario, en las partidas que para impulsar obras y empresas alternativas el dinero anunciado fue muy superior al que realmente puesto. Ahí los Presupuestos Generales del Estado ofrecieron 166,5 millones al año para que las comarcas mineras diversificaran su estructura económica y al final apenas liquidó un 30,8% de ellos. Es un aprovechamiento muy limitado para una línea de la que dependía la diversificación industrial. Según las publicaciones del sindicato minero (SOMA), entre 2006 y 2009 fueron 269 las empresas asturianas que se repartieron 126 millones de fondos mineros. Lo hicieron bajo la promesa de alimentar con ellos 3.844 empleos. Es decir, cada contrato aportó a la empresa beneficiaria una ayuda de 32.778 euros de media. Hubo sociedades que gracias a este dinero público emprendieron eficaces negocios; Vesuvius, Venturo XXI, Diasa Pharma, Kerkus Metals, Ascamon, Autotex y Alas Aluminium suponían el 20% del yacimiento de empleo y echaron la persiana.

Infraestructuras

En lo tocante a infraestructuras, la eficacia también fue relativa. La necesidad de acordar las actuaciones y el hecho de que la autonomía tuviera que adelantar el dinero creó un cuello de botella. De los 2.739 millones dispuestos entre 2007 y 2011 para desarrollar obras en las comarcas mineras del país, apenas se invirtieron 846,6.

El Principado de Asturias y el ministerio tienen un conflicto judicial del que depende que este grifo se cierre. La Administración autonómica entiende que una sentencia le reconoce el derecho a recuperar 213 millones avanzados en base a convenios de fondos mineros, ha planteado un recurso por 53,3 más y tramita otra por 68 millones más. Industria, por su parte, considera que si lo pactado no se hizo en los plazos firmados, ningún compromiso tiene ya en la cuestión, y ha iniciado su particular contraataque, solicitando que le devuelvan parte de lo pagado. A la espera de que decidan los jueces, lo cierto es que la región es rica en proyectos materializados en aras del interés social que se les suponía y hoy cuesta verificar. La variante Cornellana-Puerto de Cerredo tiene 3,9 kilómetros (túnel del Rañadoiro cincluido) y consumió 40,6 millones; la usan menos de 900 coches al día, lo que supone un vehículo cada minuto y 36 segundos. En la 'Y' de Bimenes se invirtieron 175 millones de euros y por ella circula aproximadamente un vehículo cada dos minutos.

La capacidad excedentaria se reproduce en otros proyectos emblemáticos, como el campus de Mieres y el geriátrico de Felechosa. En el primero la inversión se cifra en los 133 millones, pero sólo se consagró a inmuebles y equipos; los investigadores disponen de magníficas instalaciones, pero se les niega el dinero para contratar al personal con el que llenar de contenido los departamentos. La politécnica tiene así capacidad para atender a 2.484 alumnos, pero este curso las cinco titulaciones que imparte acogen a 736 estudiantes. La ocupación es, pues, del 29,6%.

El geriátrico de Felechosa, por su parte, es la obra estrella que deja el malagueño José Antonio Postigo al frente del Montepío de la Minería. La mesa regional de la minería concedió en 2008 la categoría de «proyecto singular» a este equipamiento; el respaldo justificó que el Estado pagase al 100% una obra estimada entonces en los 30,9 millones y cuya propiedad queda para la mutualidad. El Montepío, eso sí, debe asumir la explotación y mantenimiento del complejo. La residencia dispone de 297 plazas, pero nunca ha tenido más de 75 residentes. Esta ocupación, del 25%, provocó que en 2013 el Montepío de la Minería cerrase con pérdidas por primera vez un ejercicio económico anual.

La gestión de esta infraestructura formará previsiblemente parte de la documentación que analizarán los diputados que conforman la comisión de investigación sobre Villa y los fondos mineros. Su intento de fiscalización ya supone un fenómeno de escasos antecedentes.

494 millones irregulares

En el transcurso del juicio por el caso de Mina La Camocha, prestó declaración Juan Manuel Benítez Torres, gerente del Instituto del Carbón, el órgano del Ministerio de Industria que guía la reestructuración y distribuye esos fondos; en la vista develó que con apenas 80 trabajadores a su cargo «no teníamos capacidad ni medios para controlar las subvenciones. Éramos el tercer órgano autónomo del Estado con más fondos a repartir, con más presupuesto, pero el penúltimo en dotación de funcionarios y ello pese a manejar 1.500 millones al año carecíamos de medios y no teníamos capacidad de gestión».

El Estado pagó así 25.000 millones y sólo se le conoce un intento de fiscalizar su uso. La Intervención General de la Administración del Estado visitó durante tres años a las empresas mineras para revisar sus cuentas del periodo 1998 a 2001. Concluyeron que habían cobrado 494,4 millones sin respetar la normativa. Los expedientes de reintegro se empezaron a tramitar y levantaron en armas a empresarios y sindicatos. Victorino Alonso, como presidente de la patronal, aseguró que la devolución supondría mil despidos y «la total liquidación del sector».

El Consejo de Ministros del 30 de enero de 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, optó por plegarse y, en un acuerdo desvelado por el diario El Comercio, reconoció que los interventores habían aplicado «criterios contables razonables» pero que al hablar de minería «deben tenerse en cuenta factores sociales». Anulados así los expedientes, nunca más la Administración central trató de investigar la gestión de las ayudas al sector del carbón. Hasta ahora.