El PP de Ponferrada amenaza con presentar una querella criminal contra el alcalde por impedir su labor de oposición

Una vez más Ponferrada ha vivido un pleno bronco. La sesión celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de la capital berciana estuvo protagonizado por un fuerte desencuentro entre el alcalde, Samuel Folgueral, y los concejales del PP porque el primero no dejó a uno de los ediles de la oposición intervenir en un momento del pleno alegando una cuestión de orden. Fue esta la gota que colmó un vaso ya casi lleno por el -calificaron los del PP- comportamiento ilegal del regidor de Ponferrada. Le acusan no sólo de privarles del derecho a réplica en las sesiones plenarias, sino también de no atender las solicitudes de información que presenta la oposición y de evitar la labor de fiscalización que es derecho y obligación de la oposición. Por todo ello, el concejal popular Reiner Cortés anunció que su grupo está estudiando la posibilidad de presentar una querella criminar contra el alcalde. «Nuestros servicios están trabajando ya en ello y es posible que en próximas fechas lo hagamos por el incumplimiento de la normativa de bases de régimen local», explicó Cortés al término del pleno.

Asimismo, el viceportavoz del Grupo Popular criticó que el presidente de la corporación intervenga también como portavoz de su grupo cuando esa labor le corresponde a otro edil, en este caso Santiago Macías. «El presidente solo puede intervenir excepcionalmente y no puede intervenir para debatir como un portavoz más o para cerrar siempre los debates», recordó Reiner Cortés, considerando «una vergüenza» el comportamiento de Folgueral.

Por lo demás y en cuanto al contenido concreto de la sesión, el bipartito de los no adscritos e IAP aprobó la aceptación del Plan Montoro de refinanciación de la deuda pública. Esto permitirá al Ayuntamiento de Ponferrada ampliar un año la carencia de las obligaciones económicas adquiridas y rebajar los tipos de interés. Ello permitirá lograr un ahorro de 590.000 euros en este ejercicio, unos 600.000 en el 2015 y 108.000 euros en los siete años posteriores.