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El Parlamento británico rechazó el martes por 432 votos frente a 202 el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Theresa May con Bruselas para hacer efectivo el 'brexit'. La rotundidad de la negativa de la Cámara de los Comunes representa mucho más que ... un fracaso gubernamental. Es el reflejo de un fiasco nacional que difícilmente podrá solventarse mediante las varias pero estrechas salidas a que da lugar el desastre. La verificación de ayer de que la primera ministra cuenta con el apoyo de los conservadores frente a la 'moción de no confianza' laborista –siempre que no busque postularse para otro mandato– se queda en mera anécdota. Un respaldo ficticio respecto al fondo de la cuestión que, acto seguido, devuelve las cosas al marasmo anterior.
Porque lo verdaderamente inquietante es que el Reino Unido institucional no sabe qué hacer ante las opciones que pueden barajarse. La primera –y aparentemente menos comprometida– sería la concesión por parte de la UE de una suerte de breve moratoria de meses para que Westminster recapacite sin que medie renegociación alguna sobre las condiciones del acuerdo establecido para el 'brexit'. La última parece ser la eventualidad de un nuevo referéndum para la ratificación o la rectificación del divorcio con la Unión decidido en 2016, una opción presente entre las intenciones del laborismo.
En medio quedaría una sucesión de posibilidades de respuestas, incluyendo la inexorabilidad de unas elecciones que permitan la incierta reordenación del espacio conservador y también del laborista. Claro que la política británica está buscando otra salida al intentar transferir su parte de responsabilidad al resto de la UE; en concreto, a través de la cláusula referida a Irlanda del Norte, aunque no sea la única de su interés. Tal posibilidad interpelaría a Bruselas si la hipótesis de una variación en ese apartado inclinara al Parlamento británico a favor del acuerdo sobre el 'brexit' y condujese a un final cierto del entuerto.
Pero sería un despropósito que la Unión Europea aceptara desentenderse de las demandas o aspiraciones de uno de sus socios, la República de Irlanda, para ensayar la enésima aproximación a los postulados de una mayoría parlamentaria en el Reino Unido que por ahora se manifiesta en negativo, sin seguridad alguna de que así se zanje el desencuentro.
El desarrollo de los acontecimientos ha disparatado aun más la sinrazón del 'brexit', puesto que la diatriba sobre los términos de su realización concreta acaba haciendo olvidar que no era eso lo que deseaban ni el resto de la Unión Europea ni casi la mitad de los británicos. El riesgo de una salida sin acuerdo se convierte en un supuesto tan atroz como posible, que lejos de llevar a los principales grupos de influencia en el Reino Unido a retractarse y reconducir la crisis, parece empujar la política británica hacia el fondo del abismo. Visto lo ocurrido hasta la fecha, resultan inimaginables las circunstancias en las que derivaría la ruptura sin acuerdo, pero también una salida sustentada en un compromiso que no sea tal.
El grado de inseguridad jurídica que podía entrañar un 'brexit' pactado en algunas de sus vertientes se multiplicaría si la inercia del desacuerdo se adueña de la situación o si el acuerdo se pospone hasta devaluarlo. De modo que los planes de contingencia sobre los que trabajan en administraciones públicas y empresas en nuestro país y en el resto de la Unión han de contemplar hipótesis rayanas en el absurdo, mientras el desbarajuste comienza a afectar muy seriamente a lo que hasta ayer mismo eran intereses compartidos a ambos lados del Canal de la Mancha.
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