Los parches de Bruselas para un 'brexit' sin acuerdo

Las medidas tomarán la forma de reglamentos y requerirán la aprobación «urgente» del Parlamento Europeo y de los Veintisiete Estados del club. Servirán para evitar interrupciones en servicios que afectan directamente a ciudadanos y empresas. Y en la mayoría de los casos se opta por periodos transitorios que se mueven entre los nueve y los doce meses. Gibraltar, eso sí, queda excluido. Ni una sola mención al Peñón. Al fin y al cabo, de sus relaciones exteriores es responsable un país que ya estará fuera de la órbita comunitaria. Estos son algunos de los planes de contingencia.

En este punto se invita a los socios a dar «un enfoque generoso» a los derechos de los ciudadanos británicos en la UE, siempre que exista la misma correspondencia desde Londres. En este sentido se pide garantizar que ingleses, escoceses o galeses que vivan en países del club mantengan la misma condición de legalidad y se recuerda que todos los ciudadanos británicos ya están eximidos de visado para entrar en el territorio comunitario. Esto último también supeditado a la reciprocidad. Respecto a las coberturas de la Seguridad Social se emplaza a cada Estado a «tomar las medidas (de control y supervisión) que considere necesarias» para garantizar esa cobertura y «proteger los derechos adquiridos por los ciudadanos de los Veintisiete y los de Reino Unido que ejercieron (y ejerzan) su derecho a la libre circulación antes del 30 de marzo de 2019».

Entre otras propuestas, se plantea un periodo transitorio «fijo y limitado» de doce meses para garantizar todo tipo de transacciones económicas «a fin de garantizar que no se produce ninguna alteración inmediata de la actividad en la compensación centralizada de derivados». No hay cierre de grifo. En la misma línea se da igual margen (un año) para evitar interrupciones en los depósitos centrales para los operadores de la UE, que actualmente utilizan servicios del Reino Unido. Y el mismo calendario se propone para los contratos extrabursátiles.

Se evitará la interrupción total del tráfico aéreo entre la UE y el Reino Unido en un escenario sin acuerdo mediante la aprobación de un reglamento que garantice temporalmente (12 meses) la prestación de determinados servicios aéreos entre los dos lados del Canal de La Mancha. También se extenderá la validez durante nueve meses más de determinadas licencias de seguridad de la aviación. Del mismo modo, se insta a crear un marco legal que permita a los operadores británicos mantener el flujo de camiones de transporte a la UE «siempre que Reino Unido otorgue derechos equivalentes a los operadores europeos y sujetos a condiciones de competencia leal». No se hace mención expresa a las conexiones ferroviarias. Servicios como los trenes de alta velocidad de Eurostar, que unen Londres con capitales europeas como París o Bruselas requerirán de una convalidación técnica. Porque los permisos ferroviarios expedidos por Gran Bretaña dejarían e ser válidos en el bloque comunitario.

Las medidas planteadas en este campo se aplicarán a todas las mercancías que se mueven entre los dos márgenes. Se plantea una reglamentación que incluya los mares que rodean el Reino Unido con registros de movimientos de entrada y salida previos al acceso o abandono del territorio aduanero de la Unión. En definitiva, se realizarán controles exhaustivos.

Se suspenderá temporalmente para el Reino Unido la asignación gratuita de derechos de emisión, subasta e intercambio de créditos internacionales a partir del 1 de enero de 2019. Se posibilitará la asignación de una cuota anual adecuada a las empresas británicas para acceder al mercado de los Veintisiete con una validez que expirará el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, se apostará por garantizar que la información de las empresas se comparte entre los dos mercados para permitir una correcta asignación de cuotas en el futuro.

Se propone desarrollar un Reglamento para continuar el programa 'Peace' (paz en su denominación en inglés) en Irlanda del Norte hasta finales de 2020. Con un 'brexit' sin acuerdo, a partir de esa fecha la Comisión ya ha planteado como parte de sus propuestas para el próximo marco financiero plurianual, «continuar y fortalecer el apoyo transfronterizo para la paz y la reconciliación en los condados fronterizos de Irlanda e Irlanda del Norte».