El botón del artículo 50

El rechazo parlamentario de Westminster al Acuerdo de Retirada (432 votos en contra frente a 202 a favor); la firmeza de la UE, que no acepta cambiar una línea en ese texto (a lo sumo aclaraciones en la declaración política sobre la relación futura, el otro documento del 'brexit'); y la falta de alternativas claras a la salvaguarda irlandesa, la solución de emergencia que más rechazo genera en la Cámara de los Comunes, han obligado a la primera ministra Theresa May a recular. Si la prórroga no entraba en sus planes hasta hace apenas una semana, ahora pedirá a sus señorías que voten esa opción el próximo 14 de marzo. Y ante el 'sí' se abren varios interrogantes.

De entrada, Reino Unido ha de cursar una solicitud formal a la Unión Europea. La opción de la moratoria no es nueva. Se lleva especulando con ella semanas, incluso meses. Primero porque se apuró mucho hasta llegar al acuerdo de 585 páginas -May lo suscribió con los Veintisiete el 25 de noviembre- lo que limitaba el tiempo de refrendo administrativo en Westminster (requiere una larga lista de votaciones). Y ya ahogados en el actual bloqueo, el retardo ha cobrado fuerza por la ansiedad que genera a ambos lados del Canal de la Mancha un 'brexit' a la brava.

La cuestión es que Bruselas siempre ha partido del mismo punto: «No tenemos ninguna solicitud en ese sentido». Si ésta llega finalmente a partir del día 15, el tratado supedita la autorización a la unanimidad de los Veintisiete. Y, asumiendo que la petición llegaría ya con un aval suficiente de votos en Londres, la margarita se desojaría inmediatamente, en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista para el 21 y 22 de marzo en Bruselas. Contrarreloj.

Todo apunta a que sí. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo (la institución que coordina a los Estados) lo dejó bastante claro el lunes. El polaco desveló que había conversado con May «del contexto jurídico» de una hipotética prórroga. defendió, de hecho, que ese «plazo suplementario» sería «una solución razonable» teniendo en cuenta el impasse actual. Alemania, Francia (aunque tiempo atrás más remisa) e Irlanda han deslizado que apoyarían esta solución. Lo ha hecho incluso España que viene asimilándolo desde hace semanas. Un divorcio caótico no interesa a nadie. De hecho dilatar la salida no solo era una hipótesis de trabajo en Bruselas, también en Londres, según se incide desde enero en varios medios británicos.

Esa es la clave: el tiempo. The Guardian reveló el domingo que la Unión Europea estudiaba un aplazamiento hasta 2021. Solapar, en realidad, esa prórroga hipotética con el periodo transitorio fijado en el Acuerdo de Retirada tras el 'brexit'; los 21 meses. Una vía tan larga eliminaría muchos quebraderos de cabeza.

De entrada porque coincide con el final del presupuesto plurianual de la UE, en el que los británicos participan activamente. Incluso, tirando de hipótesis, complicaría menos la vuelta al redil si se produjera un segundo referéndum y ganara la permanencia. Porque hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó a finales del pasado año que Reino Unido puede meter la marcha atrás y revocar el Artículo 50 unilateralmente, sin permiso de los socios. Eso sí, el límite lo pone en el periodo de vigencia del mismo artículo, y hoy este vence el 29 de marzo.

Pero, elucubraciones al margen, ni May está por la labor, ni Westminster aceptaría una extensión tan amplia. El objetivo de la premier sería conseguir el colchón estrictamente necesario para dar salida a su propuesta -unas garantías jurídicas complementarias otorgadas por Bruselas que convenciesen a los 'brexiters' más radicales, que ya no verían más opciones de presión-. Desde el 10 de Downing Street se incide en que serían unas semanas extra. Algunos miembros de la Cámara de los Comunes han pedido que se espere hasta diciembre.

En la práctica, 2021 también traería complicaciones a la UE. Parece difícil que todos los Estados miembros acepten mantener tanto tiempo en el aire un asunto que ha disparado la incertidumbre y que provoca hastío desde hace tiempo en muchas capitales. Por eso colocan la barrera muy cerca de las elecciones del 23 al 26 de mayo en la que no concurrirán candidatos del Reino Unido.

Fuentes diplomáticas reconocen que la prórroga no debería saltar la fecha del 2 de julio, cuando se conformará un nuevo Parlamento Europeo, que reducirá de 751 a 705 el número de diputados (27 de los 73 escaños que dejan libres los británicos se reparten entre 14 países, entre ellos 5 para España). Un nuevo curso político con el Reino Unido aún anclado a la estructura comunitaria y sin representación en el legislativo genera muchas dudas jurídicas. Pero el embrollo es de tal calado y los efectos de un 'no acuerdo' tan inquietantes, que cualquier solución alambicada podría asumirse como viable.