La polémica y duradera clemencia presidencial

El tufo a nepotismo resulta evidente, pero el dirigente no ha contravenido la ley. «La potestad de ejercer el derecho de gracia depende en cada país del modelo constitucional. En el estadounidense está adjudicada al presidente y no se le exige motivación al emplearla», advierte José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. «Resulta extraño y nos cuesta entenderlo desde un punto de vista ético o político. Ahora bien, se trata de una medida incontestablemente legal».

No, el presidente saliente no recibirá el símbolo de la paz, otorgado al general Trasíbulo, en la Antigua Grecia, la primera autoridad a la que se le atribuye un perdón históricamente documentado. Pero incluso en este remoto caso la polémica se halla presente porque su clemencia para los Treinta Tiranos, destinada a preservar la concordia democrática en Atenas tras un golpe de Estado, fue parcial y no impidió que algunos oligarcas enemigos fueran ejecutados. En fin, ningún ejecutivo es perfecto, ni en el Ágora ni dentro del Despacho Oval.

El primer indulto permaneció en el seno de los Biden, pero ha habido muchos más. Hace tres días, el presidente anunció 39 nuevos perdones y la conmutación o reducción de pena a otros 1.500 beneficiarios, iniciativa que, según sus propias palabras, puede ampliarse en los próximos días y constituir todo un récord histórico por el número de afectados. «Pueden ser anticipados, es decir, previos a la sentencia, y puede abarcar toda la pena o una parte», apunta el experto.

La justificación diferencia su aplicación a uno y otro lado del Atlántico. «Siempre es discrecional. También en Francia resulta muy libérrima, mientras que en países como España, Italia o Alemania, se exige que el indulto esté motivado y el gobierno debe proporcionar razones que expliquen su emisión», señala. «Esta exigencia proviene de la necesidad de distinguir el ejercicio del derecho de gracia de la facultad absoluta. La exposición de las causas puede ser mínima, ocupar un párrafo o unas líneas, pero, en cualquier caso, demostrar que no se trata de un uso caprichoso».

La filosofía política que subyace entre un caso y otro difiere sustancialmente. «Allí se depositan amplias competencias en los órganos políticos», explica. «Como las autoridades han sido elegidas democráticamente, se les atribuye una amplia capacidad de decisión y no se piden más explicaciones. Por ejemplo, aquí la respuesta a un recurso de amparo se fundamenta, aunque sólo sea a través de una línea de texto, y allí no, el Tribunal Superior Federal, que es una mezcla del Superior y el Constitucional, admite o no los casos con total discrecionalidad».

La facultad de perdonar no se limita al presidente. El medio centenar de dirigentes estatales también puede indultar. «Se debe a la doctrina del doble soberano», aduce. «No hablamos de Estado federal, sino de Estados federados y, por tanto, de la existencia de dos soberanos, la Federación y cada Estado, con dos jurisdicciones paralelas, tribunales de apelación en todos los órdenes e, incluso, con cárceles propias». No resulta fácil entender el reparto de competencias entre uno y otro. «Normalmente, si el delito es muy grave, del tipo de asesinato o terrorismo, va al federal porque posee más medios, pero no hay una regla jurídica que establezca la distribución».

A veces, la decisión es trascendental. Kevin Stitt no se compadeció de Emmanuel Littlejohn. El gobernador de Oklahoma rechazó el indulto a este preso, vecino del corredor que conduce al patíbulo desde 1992 y fue ejecutado el pasado mes de septiembre. A pesar de que la junta de libertad condicional había solicitado la aplicación del perdón, la máxima autoridad no cedió. Los tribunales estatales y federales también habían rechazado apelaciones en torno a la constitucionalidad del método de ejecución, la inyección letal. Es el decimocuarto que perece desde que en 2021 se reanudaron las ejecuciones en el 'Sooner State' o 'Estado más rápido'. Stitt, el señor de la vida y la muerte, se manifiesta hostil a los emigrantes irregulares criminales y la influencia del Partido Comunista Chino entre sus paisanos, y ha permitido portar armas en zoológicos y parques municipales. Hace dos años firmó una ley que prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación.

El procesamiento de Hunter Biden tuvo un trasfondo político, según su padre. «El amor paternal se ha impuesto sobre la lógica del poder judicial», asegura Eva Silván, politóloga especializada en análisis político y cooperación internacional. «Ha primado el interés personal sobre el respeto a la ley», lamenta y señala que la fórmula del indulto altera los contrapesos del sistema. «Demuestra la vulnerabilidad de la administración judicial y habría que replantearse esa capacidad, inconcebible en un modelo democrático, basado en la división de poderes. No podemos olvidar que la independencia judicial garantiza el respeto de la ley y emite sentencias cuando se incumplen las normas».

Pero el indulto es una veterana institución que no parece en entredicho, a pesar de esos aparentes abusos y las veleidades ideológicas y sentimentales de sus usuarios. Su empleo ha sido abundante en los dos siglos y medio de historia de la potencia norteamericana. Los destiladores de whisky de Pensilvania fueron los primeros beneficiarios de su aplicación. Los caudillos de la Rebelión de 1794, alzamiento contrario a los aranceles sobre dicha bebida, fueron condenados a morir en la horca. George Washington los perdonó alegando que el buen gobierno «había de mezclar la ternura y la moderación con la justicia, la dignidad y la seguridad nacionales».

El presidente Barack Obama perdonó a 78 presos y conmutó la pena a otros 153 que parece será batido por la magnanimidad de Biden, aunque una de las iniciativas más famosas es la que asumió en 1977 su antecesor demócrata Jimmy Carter al amnistiar a los prófugos de la guerra de Vietnam. En el plano estatal nos encontramos con el gobernador de California Jerry Brown, que, en 2015, indultó al famoso actor Robert Downey Jr., condenado por posesión de droga, alegando que ya había pagado su deuda con la sociedad y se merecía una rehabilitación completa y sin condiciones.

Los indultos no escapan de la polémica, también en España, donde curiosamente, el perdón no es exclusivo del ejecutivo. Desde hace casi tres siglos, una pragmática del rey Carlos III otorga a la Cofradía de El Rico de Málaga el privilegio de liberar a un preso condenado por un delito de sangre.

Algunos ejemplos parecen desconcertantes. Resulta sorprendente el caso del empresario y político Jesús Gil y Gil, receptor de dos indultos procedentes de gobernantes tan dispares como Francisco Franco y Felipe González. El primero permitió su salida de la cárcel en la que cumplía una pena de cinco años por homicidio involuntario de 58 personas, víctimas del hundimiento de su restaurante en Los Ángeles de San Rafael, y el segundo por estafa, al vender una parcela sujeta a embargo.

Los casos son abundantes y suelen relacionarse con episodios con trascendencia política. Otras concesiones, también polémicas, favorecieron al juez Javier Gómez de Liaño, en contra del informe del Tribunal Supremo, y que había sido condenado por prevaricación, y a los comandantes sanitarios José Ramírez y Miguel Saéz, inhabilitados por haber falseado la identidad de 30 fallecidos en el accidente del Yak-42. El indulto más reciente y controvertido de los últimos tiempos ha sido el de los nueve políticos del Procés catalán condenados a cárcel por un delito de sedición.

La oposición a estas medidas carece de recorrido, según González Cussac. «Aquí el juez no entra en decisiones movidas por la utilidad pública. ¿Quién es para cuestionar lo que sea políticamente conveniente o no? No pueden entrar en asuntos de esa naturaleza, en materias relacionadas con una ley de presupuestos o las relaciones internacionales», alega.

El indulto es una fórmula cuestionable, sin duda, pero llegó para quedarse. «En Estados Unidos no existe posibilidad de reforma», reconoce Eva Silván. «Sobre todo a partir del segundo mandato de Trump con múltiples causas abiertas y rodeándose de gente de dudosa actividad legal. No limitará todo este poder, sino todo lo contrario». La medida de ecos paternofiliales de Biden tampoco favorece su futuro cuestionamiento. «Se ha valido de que, personalmente, no tenía nada que perder y coloca al Partido Demócrata en una posición debilitada para enarbolar críticas».

El presidente electo ha arremetido contra la medida de su predecesor. Pero nadie puede tirar la primera piedra en la Casa Blanca. Al final de su primer mandato, el dirigente republicano indultó a Jared Kushner, padre del marido de su hija Ivanka y condenado a dos años por un fraude multimillonario. En esta ocasión, además, le ha proporcionado la embajada en París. Ya se sabe, el perdón, como la caridad, empieza por uno mismo y los más cercanos.