La Haya ordena el arresto del exministro de Defensa y del jefe del ejército ruso

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«Hay motivos razonables para creer que tienen responsabilidad penal individual por los crímenes mencionados», señaló el auto, ya sea por «llevar a cabo los actos junto a otros» como por «ordenar la comisión de estos crímenes» o «su fracaso a la hora de ejercer un control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando». En este sentido, indicó que la II Sala de Cuestiones Preliminares «consideró que hay motivos razonables para creer que los dos sospechosos tienen responsabilidad en ataques con misiles llevados a cabo por las Fuerzas Armadas rusas contra infraestructura eléctrica ucraniana entre al menos el 10 de octubre de 2022 y el 9 de marzo de 2023».

«Durante este periodo de tiempo se llevaron a cabo un gran número de ataques contra numerosas centrales eléctricas y subestaciones por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en múltiples ubicaciones en Ucrania», apuntó el tribunal antes de especificar que la citada sala tiene «motivos razonables» para pensar que estos bombardeos «fueron dirigidos hacia objetivos civiles» y que «aquellas instalaciones que podrían haber sido calificadas de objetivos militares entonces, los daños colaterales a los civiles eran claramente excesivos para la ventaja militar considerada de forma anticipada».

De esta forma, los jueces especifican que «uno de los objetivos centrales del Derecho Internacional Humanitario es la protección de los civiles en los conflictos armados» y resalta que, durante su análisis de los hechos, «debe considerar si la presunta conducta se ajustó al principio de distinción, que prohíbe el uso de la fuerza armada contra civiles y otras personas protegidas».

Así, Shoigu y Gerasimov se suman a Putin y la comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, sobre quienes pesan órdenes de arresto por parte del TPI desde marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra por la deportación forzosa de niños ucranianos desde zonas ocupadas del país europeo, si bien por el momento no han sido detenidos ni entregados al tribunal.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, recordó en un comunicado que incluso en un contexto de guerra rige el Derecho Internacional Humanitario, que garantiza la protección de los civiles en conflictos armados.