Francia promueve una ley para acelerar la expulsión de los inmigrantes ilegales

La nueva ordenanza busca luchar contra la llegada clandestina de ilegales, acelerar las expulsiones de extranjeros delincuentes o que supongan una amenaza para el orden público, reformar el sistema de asilo, regularizar a los sinpapeles que trabajen en «sectores en tensión» o condicionar la concesión de un permiso de residencia de larga duración al dominio mínimo del idioma francés.

«No se trata de estar a favor o en contra de la inmigración, sino de poder controlarla y poder definir el tipo que queremos», explicó en rueda de prensa Gérald Darmanin, ministro de Interior, que se mostró dispuesto con esta ley a «reparar los errores de anteriores gobiernos».

El Ejecutivo busca regularizar a algunos inmigrantes sin papeles que viven en Francia desde hace tres años y que en los últimos veinticuatro meses hayan trabajado al menos ocho en sectores «en tensión», es decir en aquéllos muy faltos de manos de obra, como, por ejemplo, la construcción, la agricultura y la hostelería. A algunos de estos inmigrantes en situación irregular se les concedería un permiso de residencia temporal.

Darmanin quiere asimismo reforzar «a través de la lengua y el trabajo la integración de los inmigrantes. Aquellos extranjeros que quieran obtener un permiso de residencia plurianual deberán demostrar un nivel mínimo de dominio del francés y comprometerse a respetar los valores de la República, explicó.

El Ejecutivo apuesta asimismo por reformar el sistema de asilo. Para ello, quiere acortar considerablemente los plazos para que las solicitudes sean examinadas y reducir el número de recursos posibles que podrán presentar los inmigrantes para evitar su expulsión cuando su petición sea rechazada.

El ministro, miembro del ala más derechista del Gobierno, prometió mano dura contra la inmigración irregular. Darmanin se comprometió a acelerar la expulsión de extranjeros en situación irregular que supongan una fuerte amenaza al orden público y la de los «delincuentes extranjeros» que hayan sido condenados a más de diez años de prisión.

El proyecto de ley será examinado en marzo en el Senado, que está controlado por la derecha. Después le tocará el turno a la Asamblea Nacional, donde el Gobierno no tiene la mayoría absoluta y necesita los votos de Los Republicanos, la derecha moderada.

La oposición criticó el texto. Los partidos de izquierda lo consideran demasiado represivo y ultraconservador porque facilitará la expulsión de inmigrantes sin papeles. En cambio, la derecha y la extrema derecha temen que la nueva ley abra la puerta a regulaciones masivas de indocumentados.

Marine Le Pen considera que el permiso especial de residencia para sin papeles en sectores en tensión creará «un efecto llamada». Le Pen teme que más inmigrantes entrarán ilegalmente en Francia esperando poder ser regularizados en el futuro.

Darmanin tendió la mano a Los Republicanos, su antiguo partido, y se mostró confiado en poder llegar a «un compromiso sin desvirtuar el texto». Si no encuentra apoyos suficientes, el Ejecutivo podría verse obligado finalmente a recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para aprobarlo sin someter el texto al voto de los diputados.