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Juan García-Gallardo (Vox) ha reconocido como un referente para su partido las políticas a favor de la natalidad y antiabortistas del Gobierno húngaro de Víktor Orbán. El pasado mes de septiembre, el ejecutivo de Budapest puso en marcha un protocolo similar al que ... planteó hace unos días la Junta de Castilla y León, con la diferencia de que es obligatorio para las mujeres que desean abortar escuchen antes el latido del feto.
Se trata de medidas con una larga tradición en grupos políticos ultraconservadores de Europa, Estados Unidos y América Latina. La Polonia de Andrzej Duda, del partido Ley y Justicia (PiS); la Italia de la coalición conservadora de Giorgia Meloni (Hermanos por Italia) y el citado ejemplo de los 12 años en el poder de Viktor Orbán (Fidesz) tienen al asesor de cabecera de Donald Trump, Steve Bannon, como principal influencia.
El politólogo y periodista Daniel Galvalizi define que «el escenario en cada uno de los países es diferente para esta internacional conservadora, pero sus reclamos son similares: nacionalismo, en contra del globalismo, negacionismo climático, lucha contra la inmigración irregular, reivindicación del papel de la familia tradicional como modelo único y oposición a lo que denominan ideología de género».
Steve Bannon, describió así la estrategia de implantación de su movimiento similar al modelo de una franquicia comercial: «Los detalles cambian en cada país, pero la filosofía es la misma: llevar la toma de decisiones cerca de la gente, soberanismo, seguridad y economía. (….) A eso lo llamo colocar el producto». El principal enlace de Vox con este ideólogo es Rafael Bardají, miembro del Comité Nacional de los verdes, y exasesor en Seguridad Nacional de José María Aznar. Desde 2018, Bardají se ha reunido en numerosas ocasiones con Bannon a la par que con la Administración del expresidente Donald Trump para compartir objetivos en su batalla cultural por marcar una agenda conservadora. «La derecha radical utiliza recursos del populismo para crear un discurso fuerte entre un nosotros y un otros, que pueden ser los inmigrantes, los homosexuales, la Unión Europea o los lobbies de la Agenda 2030. Necesitan de un enemigo compartido frente al que definirse», contextualiza Galvalizi.
Por ello, los partidos en el poder que siguen la estela de la llamada 'Alt-right' no tienen medidas genuinamente originales, sino que adaptan mensajes comunes a la realidad de sus países y de sus votantes. La defensa de que el embrión desde sus primeras etapas es una vida humana es transversal en la mayor parte de estas formaciones, y dan más importancia a esto que al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. En Estados Unidos llega una prohibición casi total de la interrupción voluntaria del embarazo en doce estados -entre ellos Texas, Alabama y Kentucky- tras el fallo de la Corte Suprema, de mayoría republicana, del pasado julio. Un giro de 180 grados desde que en el año 1973 se promulgó la primera sentencia a nivel federal a favor del derecho al aborto.
Por ello, los partidos en el poder que siguen la estela de la llamada 'Alt-right' no tienen medidas genuinamente originales, sino que adaptan mensajes comunes a la realidad de sus países y de sus votantes. Las victorias de una formaciones terminan siendo los logros compartidos de otras, como ocurre con Hungría y Vox en el apoyo de las medidas provida. La defensa de que el embrión desde sus primeras etapas es una vida humana es transversal en la mayor parte de estas formaciones, y dan más importancia a esto que al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. En Estados Unidos llega una prohibición casi total de la interrupción voluntaria del embarazo en doce estados -entre ellos Texas, Alabama y Kentucky- tras el fallo de la Corte Suprema, de mayoría republicana, del pasado julio. Un giro de 360 grados desde que en el año 1973 se promulgó la primera sentencia a nivel federal a favor del derecho al aborto.
Estas medidas vienen amparadas bajo la creencia de que toda vida humana es sagrada, con raíces habitualmente religiosas. A pesar de que en la mayor parte de los países europeos -salvo el caso de Polonia, Hungría y Malta- existen legislaciones que regulan de una forma liberal el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. «El populismo conservador intenta resucitar debates que se creían superados, lo contesta y marca nuevos marcos en la opinión pública. Eso se les da especialmente bien», afirma Galvalizi. La mayor parte de estas formaciones acompañan estas medidas que denominan 'provida' con ayudas a la natalidad como cheques por tener hijos, guarderías gratuitas y ayudas fiscales. Una concepción de la familia restrictiva, en la opinión de Jaime Bordel, politólogo y autor del libro 'Salvini y Meloni: hijos de la misma rabia', que la entiende como una unión heterosexual basada en el matrimonio. Eslovaquia, Hungría, Polonia e Italia tienen en común tener una mayoría católica, algo no tan habitual en el caso de los países de Europa del este, dónde la mayoría religiosa es ortodoxa. Una diferencia entre Hungría y Polonia es la relación con Rusia, que es opuesta, mientras que el primero es un aliado de Putin y el segundo es atlantista.
En diciembre de 2019 el Gobierno eslovaco -formado por una coalición de partidos conservadores, cristianos y de derecha populista- debatió un proyecto de ley que pretendía endurecer el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Entre las medidas que impulsó el socio minoritario de la coalición, Somos Familia, se encontraba la de duplicar el período de espera obligatorio de 48 a 96 horas antes de que una mujer pueda acceder al aborto.
Las mujeres tendrían que declarar las razones de su decisión, los médicos no podrían comunicar información previa a sus pacientes y sería obligatorio para las eslovacas que desearan abortar escuchar los latidos del corazón del feto antes de la intervención.
La modificación de la ley fue tildada como 'draconiana' por Human Rights Watch y contó con la negativa de partidos de la oposición y de las calles del país. También desde Bruselas fue criticada por vulnerar los derechos de sus ciudadanas.
En las elecciones presidenciales de 2020 la vencedora fue Zuzana Čaputová, del partido Eslovaquia Progresista, que consiguió echar del poder al populista Andrej Kiska. El viraje político provocó que se apartasen las medidas restrictivas del aborto, que esta permitido hasta las 12 semanas de embarazo.
El estado miembro de la Unión Europea con una legislación más restrictiva para la interrupción voluntaria del embarazo es Polonia. Desde el 27 de enero de 2021, Andrzej Duda limitó el aborto a que el feto suponga un peligro para la salud de la madre, a que se haya dado una violación si se denunció a las autoridades 12 semanas antes o que haya peligro de malformación del embrión.
Desde 2015 Polonia está integrada en el denominado grupo de Visegrado junto a Hungría, Eslovaquia y República Checa, una alianza política que lleva la contraria a Bruselas en temas como la migración, leyes antiLGTBI o la independencia judicial.
Todos ellos cuentan con un pasado como repúblicas satélites de la Unión Soviética, lo que les provoca un férreo sentimiento anticomunista. Sin embargo, la Guerra de Ucrania ha resquebrajado parte de su unidad. Orban apoya a Putin mientras que Polonia y Eslovaquia se oponen frontalmente a la invasión.
El partido Ley y Justicia (PiS) consiguió, con el apoyo de los tribunales, que se eliminará de la corta lista el riesgo de malformación en el feto, lo que supone casi su prohibición. El Tribunal Constitucional polaco ratificó la medida a pesar de la oposición de miles de manifestantes en las calles y la crítica frontal de organizaciones como Amnistía Internacional.
En un comunicado, el Parlamento Europeo señalaba que se prohibía una opción que representó el 96% de las interrupciones del embarazo llevadas a cabo legalmente en Polonia. Por ello la ONU estima que 100.000 mujeres polacas abortan en el extranjero al año.
El Gobierno de Varsovia también ha acompañado las denominadas medidas 'provida' con otras políticas que fomentan la natalidad. Bajo el nombre 'Family First', por cada primer niño polaco nacido sus padres recibirán 12,000 zloty (2.630 euros), sin tener en cuenta el nivel de rentas.
Otras formas de apoyo de Polonia a su concepto de familia tradicional es ir en contra de los homosexuales, a quienes acusan de reducir la natalidad. Al menos un centenar de municipios se han autodenominado como 'Zonas libres de ideología LGTBI'.
Hungría es junto a Polonia uno de los estados europeos que tienen un modelo de interrupción voluntaria del embarazo más limitado. Víktor Orbán gobierna desde 2010 con una holgada mayoría.
En el texto de la norma fundamental húngara se remarca que la vida del feto «debe ser protegida desde el momento de la concepción». La interrupción voluntaria del embarazo puede producirse en las 12 primeras semanas de gestación, y en casos que suponga un peligro para la madre o el feto, hasta la semana 24.
En septiembre de 2022 Orbán aprobó por decreto la obligatoriedad para las mujeres que quieran abortar de que escuchen el latido fetal. La ley recoge en su texto que las «funciones vitales del feto deben ser reconocibles».
También es obligatorio que las mujeres reciban información sobre las posibilidades de adopción del futuro bebé y sobre las ayudas para la maternidad que ofrece el Gobierno húngaro.
Impone un plazo de 72 horas hasta que la mujer pueda realizar el aborto para que «reflexione su decisión». Sin embargo, Hungría tiene el sexto ratio más alto de abortos en Europa por cada 1.000 bebés, según datos de Eurostat.
Con una población de 10 millones de personas, el problema demográfico es un reto para Hungría. Por ello, el partido Fidesz apuesta por medidas natalistas como préstamos a familias con al menos dos niños para comprar una vivienda, ayudas a la compra de coches y exenciones fiscales.
En Italia el aborto es legal desde el año 1978 durante las primeras 12 semanas de gestación. Se practica de manera gratuita en los hospitales públicos del país (no permite que se realice en clínicas privadas).
No es un aborto libre hasta una determinada semana como ocurre en España. Está regulado siempre que exista «un grave peligro para la salud física y psíquica de la madre» y así lo certifique un facultativo, acorde a un artículo de la periodista experta en el género Noemí López.
La ley 194 exige un periodo de reflexión para las italianas de siete días que solo será prescindible cuando un médico certifique que se trata de una urgencia. El punto de partida es una norma de 1986 (la española es de 2010) bastante restrictiva en comparación a otras de su entorno.
El último informe del Ministerio de Salud italiano (2020) establece que el 64,6% del personal de ginecología se declaró objetor de conciencia. Un problema en regiones donde gobierna Hermanos por Italia, como Las Marcas, donde las mujeres tienen dificultades para encontrar profesionales que deseen realizar un aborto.
El gobierno de coalición formado por Hermanos por Italia, La Liga Norte (Mateo Salvini) y Fuerza Italia ( Silvio Berlusconi) pretende evitar una reforma de calado de la ley del aborto.
«Giorgia Meloni se ha centrado siempre más en medidas de apoyo a las familias, a la natalidad y a favorecer la objeción de conciencia de los facultativos», asegura el politólogo Jaime Bordel.
Giorgia Meloni, por una cuestión estratégica, evitar movilizar al electorado progresista, decide «no meterse en charcos por derogar al derecho al aborto, tal como prometió en campaña que no haría. Le basta con intentar evitarlo», explica el politólogo experto en Italia.
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