Los Comunes aprueban el «ilegal» proyecto contra el Protocolo irlandés

En el curso del debate, la exprimera ministra, Theresa May, se encarnó como líder de la oposición al Gabinete de Boris Johnson, calificando el proyecto como contrario a la ley internacional y perjudicial para la reputación del país en el resto del mundo. May afirmo también que si se convierte en ley y se ejecutan sus poderes, no logrará sus objetivos.

El Gobierno da en este proyecto de ley a sus ministros poderes para derogar el establecimiento de controles fronterizos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que son necesarios para que la región permanezca al mismo tiempo en el mercado común y en el británico. Las regulaciones dictadas con esos poderes no son aprobadas por el Parlamento. También elimina la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El argumento del Gobierno es que esta ley es necesaria porque los controles fronterizos crean graves problemas a la economía y a la sociedad norirlandesa, y ha provocado además el colapso de las instituciones compartidas, creadas en el Acuerdo de Belfast de 1998, al retirarse de ellas el Partido Democrático Unionista(DUP), mientras no se eliminen elementos fundamentales del Protocolo. La mayoría de diputados autonómicos elegidos en mayo apoya un Protocolo reformado.

El líder del DUP, sir Jeffrey Donaldon, ha definido de manera variable las condiciones de su partido para participar de nuevo en la Asamblea y en el Ejecutivo norirlandés. En algunas ocasiones ha afirmado que la aprobación final del proyecto de ley es el paso necesario, y en otras que hará falta también que los ministros hayan utilizado los poderes que les daría la ley para anular los aspectos contenciosos del Protocolo.

El tiempo que se emplee en la tramitación del proyecto de ley es por eso importante. Según Johnson, podría terminar antes del receso veraniego, a mediados de julio. Según el también conservador Simon Hoare, presidente del Comité para Asuntos de Irlanda del Norte, podría extenderse al menos hasta el final del año. Se augura que la mayoría en los Lores obstaculizará el avance del proyecto.

La Comisión Europea ha reactivado un procedimiento legal contra el Reino Unido por haber decretado, el pasado año, periodos de gracia en la aplicación de algunos trámites aduaneros. También ha advertido que la aprobación de la ley significaría que Irlanda del Norte no puede permanecer en el mercado común.