La UE alcanza un acuerdo clave para reducir las emisiones

El régimen de comercio de derechos de emisión (conocido con las siglas en inglés ETS) permite a los productores de electricidad e industrias que requieren un alto consumo de energía como el acero y el cemento que cubran sus emisiones con cuotas. Estos cupos están diseñados para ir disminuyendo con el paso del tiempo para recortar las emisiones e invertir en tecnologías verdes.

El acuerdo alcanzado implica que los sectores afectados deben reducir emisiones en un 62% para 2030 con respecto a los niveles de 2005. El pacto también busca acelerar el calendario para una eliminación progresiva del sistema de los derechos para contaminar, con una reducción de un 48,5% para 2030 y una suspensión total para 2034, un programa que estuvo en el centro de las discusiones entre parlamentarios y Estados miembros.

El mercado del carbono será progresivamente aplicado al sector marítimo, a los vuelos dentro del bloque europeo y a los sitios de incineración de basura en 2028, dependiendo de que haya un informe favorable de la Comisión.

El eurodiputado francés Pascal Canfin, que preside la comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo, afirmó que el precio del carbono para las industrias afectadas por el ETS va a ser fijado en 100 euros por tonelada. «Ningún otro continente tiene un precio tan ambicioso para el carbono», aseguró en Twitter.

El punto más controvertido de la negociación fue la propuesta de la comisión para crear un segundo mercado de carbono denominado (ETS2) para la calefacción de edificios y los combustibles de carretera, en el que los proveedores de combustible comprarán derechos para cubrir sus emisiones.

En un principio, los eurodiputados reaccionaron con alarma por el impacto social de esta medida y buscaron que el plan se aplique primero a las oficinas y los camiones. Finalmente, los hogares también tendrán que pagar por el carbono utilizado para el combustible y la calefacción a partir de 2027, pero este precio tendrá un tope de 45 euros por tonelada hasta 2030 y si la subida de los precios de la energía continúa, la aplicación se pospondrá hasta 2028.