Los abogados de Assange denuncian «motivos políticos» de EE UU para evitar su extradición

Assange se ausentó del juzgado por problemas de salud, según indicó su abogado James Fitzgerald. Su esposa, Stella, y su padre John Shipton, compartieron bancada en la sala 5 del tribunal en el primero de los dos días de vistas públicas, que está previsto que concluyan con la réplica de los representantes legales de EE UU y del Ministerio británico del Interior. «Es una ataque contra la verdad y el derecho de la población a saber», lamentó Stella, quien hizo hincapié en que su marido puede correr la misma suerte que el opositor ruso Alexéi Navalni, fallecido el viernes en una cárcel del Ártico.

En el exterior de la sala se formó entretanto una animada concentración de manifestantes en solidaridad con el patrón de Wikileaks, que está en el punto de mira de la administración estadounidense desde la publicación de documentos de Estado filtrados por el ex analista militar Chelsea Manning, hace 14 años.

El equipo legal sostuvo que ningún director de un medio de comunicación ha sido procesado en EE UU por publicar informes secretos y se apoyó en la naturaleza política del procedimiento al solicitar el permiso de la Corte para recurrir secciones de la sentencia de 2021 favorables a su extradición y la orden de entrega ratificada por la ministra del Interior. «Espionaje es un delito político», afirmó Fitzgerald antes de recordar que Assange está imputado con 18 cargos de obtención y difusión de información con pleno conocimiento de que «podría utilizarse en detrimento de EE UU y en beneficio de una nación extranjera».

El letrado Marc Summer hizo hincapié en el «interés público» de esas pruebas documentales y de la «presunta responsabilidad del gobierno estadounidense en graves crímenes», desde tortura, asesinato de civiles o secuestro de sospechosos de terrorismo.

Assange quiere recurrir los puntos 'políticos' de la petición de EE UU que fueron aceptados en 2021. La corte de primera instancia bloqueó la entrega debido al riesgo de suicidio en el régimen penitenciario estadounidense pero las garantías diplomáticas ofrecidas en apelación levantaron el veto humanitario a la extradición.

Assange cumplirá en abril cinco años de reclusión en el penal de máxima seguridad de Londres, la prisión de Belmarsh. Agotó hace tiempo la condena de 50 semanas que le impusieron en mayo de 2019, tras ser desalojado forzosamente de la embajada de Ecuador, y sigue retenido sin cargos, a la espera de la resolución de la reclamación de EE UU. Antes, se había refugiado en la legación sudamericana con el fin de impedir su extradición a Suecia, en relación con dos denuncias de abusos sexual que fueron finalmente archivadas, y pasó siete años con la libertad restringida, confinado en un par de habitaciones en el barrio de Kensington.

Encara ahora una «situación de vida o muerte», según advierte la madre de sus dos hijos pequeños. Un fallo favorable en el Alto Tribunal conducirá un nuevo juicio en que la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad de las acciones estatales tomará prioridad. Una resolución contraria supondría el final de la vida legal en el Reino Unido. Quedaría el recurso de la Corte Europea de Derechos Humanos, aunque su protección no está garantizada en suelo británico.