Dos años después del asalto al Capitolio la amenaza a las instituciones sigue latente

El presidente Joe Biden conmemora este viernes el aniversario con una ceremonia especial en el Salón Este de la Casa Blanca que celebra «el coraje y el patriotismo» de los que defendieron el Capitolio y la democracia el 6 de enero de 2021. Por primera vez en su mandato, Biden otorgará la Medalla Presidencial de Ciudadano, el segundo honor civil más alto de la nación, a doce personas cuya contribución ejemplar a la democracia hizo una diferencia durante el ataque al Capitolio del 6 de enero.

La lista de galardonados incluye a miembros de la Policía del Capitolio, la Policía Metropolitana, trabajadores electorales y funcionarios públicos a nivel estatal y local. Muchos de ellos recibieron ya en 2022 la distinción de 'Perfil de Valentía de John F. Kennedy' como la secretaria de Estado de Michigan Jocelyn Benson, que enfrentó la presión para anular los resultados electorales, incluidos manifestantes armados frente a su casa. El republicano Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, que también se resistió a la presión. Harry Dunn, un veterano de 15 años de la Policía del Capitolio, que defendió el Capitolio el 6 de enero, enfrentando insultos raciales y acoso de los alborotadores; y la agente de policía Caroline Edwards, herida durante el ataque del 6 de enero, que incluso después de sufrir una lesión cerebral traumática, continuo intentando evitar la entrada de los violentos al Capitolio.

También la trabajadora electoral del condado de Fulton, Georgia, Ruby Freeman; el exoficial del Departamento de Policía Metropolitana herido en los disturbios, Michael Fanone; el inmigrante dominicano, veterano del Ejército y sargento de policía herido Aquilino Gonell.

Medalla póstuma al policía que murió durante el ataque, Brian Sicknick; el agente que desvió a los violentos para proteger la evacuación de los miembros del Congreso, Eugene Goodman; el policía herido Daniel Hodges; la trabajadora electoral de Fulton, Georgia, brutalmente acosada por extremistas, Shaye Moss; y el excomisionado de la Junta Electoral del Condado de Filadelfia que mantuvo el recuento de votos frente a la presión, Al Schmidt.

Cinco personas, incluido un agente de policía, murieron durante el incidente o poco después y más de 140 policías resultaron heridos, muchos con síndrome post-traumático. Los daños al Capitolio ascienden a millones de dólares y las reparaciones continúan en algunas áreas. A medida que el país comienza a dejar atrás las secuelas del trauma nacional del ataque violento, el público estadounidense ha alcanzado un entendimiento más profundo de la gravedad del primer intento de golpe de su tiempo.

Una maduración social en gran parte debida a las audiencias públicas de la histórica e ingente investigación de la Comisión del 6 de enero del Congreso, cuyos hallazgos fueron publicados en un informe final de más de 800 páginas. La Comisión de la Cámara de Representantes recomendó al departamento de Justicia la imputación de Trump por cuatro delitos, incluidos obstrucción e insurrección, la primera vez en la historia que el Congreso remite a un expresidente en una acusación penal.

Dos años después de lanzar una turba violenta de seguidores para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden, en un intento de aferrarse al poder, Donald Trump se hunde cada vez más en la irrelevancia nacional. El otrora todopoderoso y temido millonario, que solo unos meses atrás mantenía en jaque al Gobierno con la amenaza de la insurrección violenta de sus partidarios por la redada en su mansión de Mar-a-Lago, pierde la atención general convertido en un show de segunda que la mayoría intenta olvidar.

Enfrentado a múltiples casos de considerable envergadura legal, incluidas otras dos investigaciones federales y otras dos estatales sobre sus negocios privados, el hombre que fue presidente, más aislado que nunca, sufre al fin el abandono de su partido, sus aliados, la prensa adepta y hasta de su familia.

Cientos de investigaciones federales han resultado en la imputación de alrededor de 900 personas por su participación en los disturbios de 2021 en Washington, y muchos cumplen ya condenas en prisión. Varias legislaciones han clarificado áreas grises de la Constitución cuya interpretación fue clave en el intento de impedir la transición de poderes, como la que enfatiza que el/la vicepresidente, como presidente del Senado, no tiene el poder constitucional de descertificar el resultado electoral.

El cuerpo de policía que protege la seguridad del Capitolio ha sido reforzado y en un comunicado en el segundo aniversario del ataque afirma estar preparado para cualquier posible ataque futuro contra el Congreso. Biden, que heredó una administración desmantelada y despoblada de funcionarios de carrera, ha tratado de distanciarse y mirar hacia el futuro, enfocando su presidencia en la unificación del país.

El presidente, que raramente habla de su predecesor ni le menciona por su nombre, ha condenado el ataque como amenaza contra la democracia y el estado de derecho. Aun así, aun queda camino por recorrer. 126 republicanos que votaron en contra de la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en 2020, -ocho senadores y 118 representantes en la Cámara-, siguen aún en el Congreso de este año.