Las purgas de los talibanes desmienten sus promesas de amnistía general

«Unama (misión de la ONU en Afganistán) sigue recibiendo denuncias creíbles de asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciones», recoge el estudio. El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció en su última comparecencia ante el Consejo de Seguridad que «más de dos tercios» de estas víctimas fueron ejecutadas de forma extrajudicial.

Este informe del organismo internacional llega dos meses después de la denuncia de Human Rights Watch (HRW) sobre el asesinato y desaparición de un centenar de exmiembros de las fuerzas de seguridad en cuatro provincias afganas. La investigación de HRW alertaba también del creciente riesgo para «defensores de los derechos humanos y periodistas, cada día que pasa sometidos a una mayor intimidación y arrestos arbitrarios». El trabajo de los informadores locales es cada vez más complicado y en los últimos días las autoridades han detenido a Abdul Waris Hasrat y Aslam Hijab, reporteros del canal Ariana.

Estas denuncias documentadas sobre el terreno contrastan con el discurso de los talibanes de cara al exterior. Los islamistas tuvieron la oportunidad de viajar a Oslo hace dos semanas para mantener «conversaciones humanitarias» y trataron de descongelar la llegada de los fondos destinados a la ayuda humanitaria, el problema es la enorme desconfianza por parte de los donantes. La ONU ha logrado que llegue algo de ayuda a través de sus agencias, pero es solo una mínima parte del apoyo que llegaba antes del establecimiento del Emirato y que era clave para el pago de salarios en sectores públicos como la educación o la sanidad.

Junto a la amnistía, los islamistas también prometieron un gobierno inclusivo y tolerante con las minorías y las mujeres, pero el Ejecutivo está compuesto solo por hombres del movimiento talibán y en su mayoría de la etnia pastún.

Las restricciones impuestas a las mujeres recuerdan cada vez más al primer Emirato y preocupa la desaparición de activistas detenidas por las fuerzas islamistas y que permanecen en paradero desconocido. Mursal Ayar, miembro del grupo de derechos humanos Junbish-e-Zanan, fue la última en sumarse a la lista de detenidas en la que también figuran Tamana Paryani y Parwana Ibrahimkhil, tres de los rostros claves en las movilizaciones para reclamar los derechos de las mujeres. Cada vez que se pregunta a los talibanes sobre su situación dicen que no saben nada sobre ellas y que investigan lo sucedido.

En la última semana se han reabierto las universidades del país, pero muy pocas mujeres han regresado a las aulas y los colegios de educación secundaria siguen cerrados para las alumnas, pese a que los islamistas insisten en que reabrirán sus puertas «pronto». Las palabras y promesas de los actuales dirigentes no se corresponden con sus acciones.