México examina en las urnas la gestión de cinco expresidentes

La primera utilización de la Ley Federal de Consulta Popular ha desatado críticas por parte de opositores, que la tachan de propaganda o de poner en manos del pueblo un asunto meramente judicial. Sin embargo, simpatizantes de Morena, el partido de López Obrador, defienden que se busca enjuiciar a Salinas «por el fraude electoral de 1988»; a Zedillo por el rescate a los banqueros en la crisis económica de 1994 conocido como 'Fobaproa'; a Fox por la represión a protestas en una comunidad del Estado de México, el llamado 'caso Atenco'; a Calderón por su llamada «guerra contra el narco»; y a Peña por el 'caso Ayotzinapa', que incluye la desaparición de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero con la complicidad de policías vinculados al crimen organizado.

AMLO hizo un llamamiento a la población para que tome parte de este proceso popular «porque se trata de hacer realidad la democracia participativa». No obstante, y a pesar de haber sido él mismo el impulsor de esta iniciativa, adelantó que votará en contra de procesar a los exdirigentes, para, insistió, mostrar que no busca una venganza contra sus viejos adversarios políticos.

La pregunta que deberán responder los mexicanos es la siguiente: '¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?'. La respuesta será simple, sí o no.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha instalado 57.000 mesas de votación, que serán atendidas por más de 285.000 funcionarios, con un presupuesto de 522 millones de pesos (casi 22 millones de euros), obtenidos de ahorros del propio ente electoral.

El resultado sólo será vinculante si se logra una participación total de al menos el 40% de los 93,6 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores; esto es, unos 37,5 millones de votantes. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que votó a favor de la consulta, reconoció que el resultado «no podría obligar» en modo alguno a la Fiscalía o al Poder Judicial, ya que «se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública». En cambio, apuntó a que una de las iniciativas a las que podría dar lugar es a la formación de 'comisiones de la verdad' u otros procesos para garantizar los derechos de víctimas de violaciones de derechos humanos registradas en México.