Ivia Ugalde
Viernes, 7 de mayo 2021, 19:06
La mayor matanza de la historia de Río de Janeiro (Brasil) , perpetrada el jueves en la favela de Jacarezinho, ha puesto contra las cuerdas a las fuerzas de seguridad. La Fiscalía de la ciudad anunció este viernes que ha abierto una investigación después de que ... testigos denunciaran que la muerte de 24 personas se debió a una venganza de la Policía brasileña tras ser asesinado poco antes de un tiro en la cabeza un agente que participaba en una operación contra narcos que operaban en el lugar. Los vecinos, que difundieron vídeos en las redes sociales, aseguraron que los uniformados invadieron residencias sin autorización judicial, tirotearon a individuos que se habían rendido y confiscaron teléfonos móviles en un intento por borrar pruebas.
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«La Policía no actúa por emoción. Se trató de una operación muy bien planeada, que cumplió todos los protocolos y fue fruto de 10 meses de investigación», defendió el comisario Rodrigo Oliveira. «Los criminales estaban reclutando a los hijos de los trabajadores y hasta prohibiendo el derecho de alguien a tener una relación con la persona que ama. Si por algún motivo los narcotraficantes no aprobaban esa unión, esa persona podía hasta perder la vida», denunció, al tiempo que quiso dejar claro que «los bandidos, traficantes y homicidas intentaron matar a los agentes y no hubo más remedio que repeler esa injusta agresión».
Los habitantes de Jacarezinho, una empobrecida y violenta barriada en la zona norte de la ciudad que se considera la base del Comando Vermelho, el grupo criminal con mayor actividad en Río de Janeiro, sostienen que fueron víctimas del abuso policial. Oliveira, por el contrario, critica el «activismo judicial» que se está haciendo y afirma que las fotos y vídeos subidos a Internet para mostrar los posibles crímenes son falsos y otros fueron tomados en fechas y hasta en localidades diferentes.
La Fiscalía de Río, en cualquier caso, ha iniciado ya pesquisas para esclarecer los hechos. De igual modo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en sintonía con organizaciones como Human Rights Watch, se declaró «profundamente preocupado» tras la sangrienta operación y pidió a la Justicia brasileña una «investigación independiente e imparcial». «Hemos recibido informes preocupantes según los cuales la Policía no tomó las medidas necesarias para preservar las pruebas en la escena del crimen», lamentó Rupert Colville, portavoz de la institución.
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