Declarado el estado de emergencia sanitaria en Brasil tras morir más de 500 menores en una comunidad indígena

Lula ha declarado este miércoles el estado de emergencia sanitaria de «importancia nacional» en la región ocupada por esta etnia. También se ha creado un comité de coordinación para atender la crisis, lo que acelerará la contratación de médicos en la localidad fronteriza de Roraima, colindante con el territorio venezolano, donde se suponía ya existía un servicio sanitario por encontrarse en territorio protegido por la nación.

La falta de atención y la explotación de recursos naturales en esta franja del norte del país (sobre todo mercurio, que ha contaminado buena parte de la región) han provocado que casi 30.000 miembros de los yanomami estén en riesgo. Una investigación busca a los responsables políticos que no ejecutaron el correspondiente plan asistencial para evitar la desnutrición y las enfermedades curables que azotan a la comunidad. Más de mil personas han sufrido ya crisis de salud graves.

Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas habían denunciado el drama humanitario que se vive en la zona desde hace tres años. Pero solo desde la semana pasada, cuando el presidente y su gabinete visitaron el territorio, Brasil ha conocido en toda su envergadura la urgencia sanitaria y social que padecen sus habitantes. Al menos 570 niños han fallecido por contaminación de mercurio, desnutrición y hambre. De ellos, 99 murieron el año pasado.

El Ministerio de los Pueblos Indígenas estima que todos estos menores, de entre uno y cinco años, perdieron la vida debido a problemas respiratorios y digestivos como consecuencia de la contaminación provocada por el avance de la minería ilegal en la región. Los residuos y el uso de productos tóxicos afecta a los ríos y destruye la selva. También sufren de malaria. El Gobierno de Lula quiere ahora acelerar la construcción de centros de salud, ya que, por sus condiciones boscosas, al lugar solo han llegado los equipos de sanidad de la Fuerza Aérea.

La Policía Federal ha dado inicio a la investigación para designar a los responsables de la «mala gestión» de los problemas de la mayor reserva ancestral, cuyo territorio ocupa cerca de 10 millones de hectáreas. El ministro de Justicia, Flávio Dino, encabeza el proceso legal para esclarecer las acciones y omisiones que hayan podido cometer los funcionarios del anterior Ejecutivo, así como la existencia de delitos ambientales y desvío de recursos públicos.

Durante el mandato de Bolsonaro, las denuncias sobre la situación de esta comunidad fueron consideradas «una farsa de la izquierda». Su gabinete recortó el presupuesto de los departamentos que combaten los delitos medioambientales y defendió la explotación de minerales y madera en reservas indígenas.

El expresidente ya había sido vinculado anteriormente a acusaciones de genocidio. Varios pueblos indígenas presentaron en 2019 una querella por crímenes de lesa humanidad y en 2021 denunciaron el daño causado por las políticas de Bolsonaro. «Lo que vivimos con él fue una explícita negativa a demarcar nuevas tierras. Al mismo tiempo, proyectos de ley, decretos y ordenanzas intentaban legalizar actividades ilícitas en territorios indígenas, lo que nos dejó sin protección legal», denunció Luiz Eloy Terena, representante de la población nativa en ese momento.

Brasil cuenta con cerca de unos 850.000 indígenas repartidos en 300 comunidades. Los colectivos más maltratados han sido el pueblo Munduruki, golpeado por las invasiones de su territorio y la contaminación; los Yanomami cuya tierra ha sido destruida por la minería; los Tikuna y Guarani-Mbya, diezmados por las enfermedades; y finalmente los Kaingang y Guarani Kaiowá, objetivo de ataques y asesinatos reiteradamente para despojarlos de sus propiedades.