Bolsonaro, desafiante hasta en el banquillo

Después de un año y medio en los que ha menospreciado las medidas anticovid, promocionado remedios sin base científica, arremetido contra los gobernadores no adeptos a su filosofía y caído en el descrédito por una comisión encargada de estudiar su gestión de la pandemia, el líder ultraderechista ha acabado en el banquillo por atacar sin pruebas el sistema electrónico de votación brasileño. Logró zafarse de una posible acusación de prevaricación en un caso de corrupción en la compra de material sanitario, pero ahora encara una decena de posibles cargos por difamar a la Junta Electoral o insistir en que el mecanismo de votación y recuento de papeletas –el mismo que a él le dio la victoria en 2018– es una manipulación destinada a perjudicarle.

El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, considera que Bolsonaro pretende «perturbar, obstaculizar, frustrar o impedir» las presidenciales previstas para octubre de 2022. Se trataría de un remedo de la táctica empleada por Donald Trump durante el proceso electoral en EE UU hace seis meses donde salió victorioso el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. El líder brasileño encara una perspectiva nefasta si se atiende a las encuestas que ahora mismo ya dan una clara ventaja a Luiz Inácio Lula da Silva, y quiere que el actual sistema de voto electrónico se anule en favor de las tradicionales papeletas físicas, una fórmula que se dejó de utilizar tras múltiples casos de trampeo y fraude.

El juez De Moraes señala que «no hay dudas de que las acciones del presidente de la república insinúan prácticas ilícitas por parte de los miembros del Supremo» y que el objetivo de sus 'fakes' consiste en «poner en peligro o dañar la independencia del Poder Judicial, el Estado de Derecho y la democracia». En su estrategia el mandatario ha utilizado «esquemas de divulgación de masas en redes sociales», lo que ha amplificado sus bulos por parte de miles de seguidores y los movimientos de extrema derecha.

El juez alerta de la peligrosidad de esta táctica, pues «alienta a grupos de simpatizantes a atacar a las personas que representan a las instituciones, con el fin de lograr su destitución y así reemplazarlas por otros alineados con el grupo político del presidente». Bolsonaro habría incurrido en once delitos, entre ellos calumnia, difamación, incitación al delito, apología del delito, asociación delictiva, o denuncia falsa, según recoge el diario 'O Globo'.

La acusación ha provocado la cólera de los numerosos adeptos de Bolsonaro, pero alimentado también las esperanzas de una importante franja de brasileños que quieren ver al líder ultraderechista fuera del Gobierno. Aunque el presidente es aficionado a las exhibiciones de músculo protagonizando actos de adhesión multitudinarios, su comportamiento a menudo brusco y sin filtro y una política que ha conducido al país a una emergencia sanitaria y económica sin precedentes –es el tercero en víctimas del coronavirus– han recortado su margen de apoyos y de popularidad. Esta misma semana, un nutrido grupo de políticos, empresarios, economistas y religiosos publicó un manifiesto en defensa del actual sistema de votación brasileño. Y once partidos, entre ellos algunos que antes formaban parte de la base del bolsonarismo, se han pronunciado en la misma dirección.

«¿A quién van a mandar? ¿A la Policía Federal o a las Fuerzas Armadas?» Con estas preguntas, Bolsonaro desafió este jueves al magistrado De Moraes, a quien planteó si se propone registrar el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial situada en Brasilia. Sobre su «ilegal» inclusión en este proceso, abierto en primera instancia en 2019 cuando empezaron a circular mensajes en internet contra las instituciones, el mandatario se despachó con una exclamación –«qué vergüenza»– y la amenaza de resolver la situación con «un antídoto» que está «fuera de la Constitución». «El magistrado me pone en la investigación de 'fake news', me acusa de mentiroso. Esta es una acusación muy grave, más aún en un investigación que nace sin ningún fundamento legal», se defendió el jefe del Ejecutivo. Su caso abre otro interesante campo sobre el alcance legal de los bulos en las redes sociales que, quizá, ponga a otros políticos en alerta.