Efe
Jueves, 19 de marzo 2015, 17:23
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha alertado a la OEA de que las sanciones impuestas la semana pasada a siete altos cargos venezolanos son un preludio de una "intervención militar" destinada a apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano.
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"La historia ha demostrado que la aplicación de decretos de esta naturaleza suelen preceder a intervenciones militares. Y por eso hemos venido a esta organización a alertar", ha dicho Rodríguez en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
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"Alertamos de que ésa es la amenaza real que se siente hoy contra Venezuela, contra su Gobierno legítimo y contra su pueblo (...), y de que intereses hegemónicos pretenden apoderarse de la mayor reserva de petróleo del mundo", ha afirmado la canciller.
Rodríguez ha alertado de que, bajo la declaración de "emergencia nacional" emitida la semana pasada por el presidente estadounidense, Barack Obama, "es muy amplia la potestad para que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de EE UU imponga sanciones a no importa quién". "Otros organismos, como Unasur y ALBA han alertado (...) de la violación (por parte de estas sanciones) del principio fundamental de independencia y que violenta nuestra sagrada soberanía", ha indicado.
Violación de las normas internacionales
"El pueblo de Venezuela no va a permitir que se violente ni su soberanía política, ni económica, ni cultural", ha advertido la canciller, y ha asegurado que las sanciones no afectan solo a los siete altos cargos concernidos, como ha defendido EE UU.
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La ministra ha considerado "muy preocupante que un puñado de congresistas (estadounidenses) hayan tejido una amenaza semejante contra Venezuela", y ha dicho que esos legisladores, "por sus intereses económicos propios, no pueden decidir sobre un país entero, no pueden violentar las normas internacionales".
Rodríguez ha sostenido que su Gobierno cree en la "solución pacífica de las controversias", y ya hace un año tendió "la mano a EE UU" para iniciar "un diálogo en condiciones de respeto y en condiciones de igualdad".
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Washington niega las acusaciones de Caracas
Estados Unidos, por su parte, ha negado que planee una "intervención militar" en Venezuela y ha defendido su derecho "soberano" a imponer sanciones a ese país, al tiempo que ha instado a la OEA a "pronunciarse" ante las "violaciones" de los derechos humanos que considera que se producen en ese país suramericano.
"Mi Gobierno quiere dejar claro aquí: no estamos preparando una intervención militar. No buscamos desestabilizar al Gobierno venezolano con un golpe de Estado (...). No hay un componente extraterritorial de las sanciones, son legislación doméstica", ha dicho el representante interino de EE UU ante la OEA, Michael Fitzpatrick..
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El representante estadounidense ha defendido la declaración de "emergencia nacional" emitida la semana pasada por Obama, que alertaba de la "amenaza" de la situación en Venezuela para la seguridad nacional de EE UU y aplicaba sanciones a siete altos cargos venezolanos.
Esa declaración, ha afirmado Fitzpatrick, concede al mandatario estadounidense la base legal para imponer sanciones a individuos o entidades y su emisión era un requisito de una ley con sanciones a Venezuela aprobada en diciembre pasado por el Congreso de EE UU. No obstante, ha asegurado que el alcance de esa ley es solo nacional y, con ella, Obama "ejerce un derecho soberano para proporcionar prerrogativas sobre el sistema de inmigración y el sistema financiero estadounidense", y ha subrayado que EE UU ha usado esa declaración "docenas de veces" respecto a otros países.
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"Solo queremos evitar que algunos individuos venezolanos que creemos que han cometido un abuso de los Derechos Humanos de otros venezolanos puedan viajar a EEUU o aparcar su dinero en nuestro sistema financiero. Es así de sencillo", ha afirmado.
Fizpatrick ha indicado que cree que muchos "piensan que no es recomendable hablar en público sobre el estado de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el debido proceso en Venezuela". "Algunos dicen que esto solo aumenta la polarización en ese país y hace que sea más difícil que haya un diálogo democrático" a nivel interno, ha manifestado. "Aunque respetamos el derecho a tener esas opiniones, debemos preguntar: si nosotros en la OEA, una institución basada en principios democráticos, no nos pronunciamos ahora, ¿cuándo lo haremos?", ha agregado.
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Fitzpatrick ha condenado "los arrestos de líderes opositores por cargos políticos", las "crecientes restricciones de la sociedad civil", el "desprecio a las libertades de expresión, asociación" y la "falta de independencia judicial" en Venezuela. "Mi Gobierno no cree que hablar en defensa de los derechos humanos equivalga a una interferencia en los asuntos soberanos de otro Estado", ha remachado.
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