Podemos llenar páginas explicando nuestros derechos, ya sean los recogidos por nuestra Constitución, las leyes, la costumbre o por tratarse de 'derechos adquiridos'. Pero lo que realmente nos resulta más complicado es abordar las obligaciones
La sociedad española actual en los últimos años de la era pre-covid y seguramente en el tiempo Covid que aún vivimos, ha decidido que todo pensamiento que surja, cada movimiento social o político que aparezca e incluso cualquier acción particular o comunitaria que quiera ser exitosa debe disponer de un objetivo base y una idea clave que no es otro que EL DERECHO A…
Podemos llenar páginas explicando nuestros derechos, ya sean los recogidos por nuestra Constitución, por diferentes leyes, por la costumbre o por tratarse de 'derechos adquiridos'. Pero lo que realmente nos resulta más complicado es abordar las obligaciones.
No seré yo quien desde esta tribuna quiera rebatir o reducir los derechos de nadie, simplemente dicha palabra no va a ser el hilo conductor del artículo. Me gustaría homenajear desde aquí a todos aquellos que en esta pandemia se han olvidado de sus derechos y han decidido actuar por encima de sus obligaciones.
Eva y Elena trabajan en Clece; la primera de ellas, se gana la vida como gerocultora de una de nuestras residencias atendiendo y cuidando de nuestros mayores. En la era Covid, durante exactamente 62 días, se confinó en una residencia refugio para velar por los 16 ancianos que han pasado temporadas allí, para librarles del virus. Mañana, tarde, noche, 24 horas por 62 días suman 1.488 horas que tienen muchos momentos sin estar con los suyos, sin disfrutar de su ocio, sin exigir sus derechos. Nadie se lo pidió, no ha dado importancia a su hazaña, entendió que es lo que tenía que hacer y piensa que los héroes son los dibujos pintados en el comic de su hijo.
Elena trabaja de auxiliar de ayuda a domicilio en Valladolid. Ella tiene asignados a sus mayores y dependientes a quienes, día a día, les facilita la vida. Llegó el Covid y su empresa que es la mía, pidió voluntarias para dejar temporalmente de cuidar a sus usuarios y atender a casos positivos que residían en sus domicilios y no habían sido ingresados en hospitales. Durante un total de 40 días ha atendido a tres personas mayores infectadas, 120 veces Elena se ha puesto el disfraz de astronauta (buzo, gafas, chanclas, gorro, pantalla..) y 120 veces se lo ha quitado para ducharse después, antes de poder abrazar a su familia.
No son nombres ficticios, ni historias inventadas: Eva y Elena residen en Valladolid, y son un ejemplo de las decenas de trabajadoras y trabajadores de Clece, que, atendiendo a mayores, limpiando hospitales o distribuyendo mascarillas y buzos a sus compañeros han conseguido que los más necesitados, dependientes y enfermos, obtengan SU DERECHO (no logro desprenderme de este vocablo) a ser cuidados y a una vida digna.
Eva y Elena trabajan para una entidad mercantil privada que gestiona tanto servicios para la administración, o sea públicos, como servicios privados. Ellas no se ganan la vida en una entidad pública y por eso no se sienten ni peores ni mejores, ni realizan su labor diaria de forma diferente. Ellas y los usuarios a los que atienden quieren disponer de los medios necesarios para hacer su trabajo con seguridad para ambos, quieren que se mida la calidad del servicio que realizan o que se les dispensa y quieren que cuando haya un problema se solucione de forma rápida y eficaz y todo con un salario digno para el trabajador y un coste adecuado para el usuario y la sociedad. No entiendo la corriente de pensamiento (sin duda interesada) que ha surgido en estos últimos tiempos diferenciando los servicios o centros de gestión pública de los de gestión privada para demonizar a estos últimos, sin basarse en ningún dato objetivo.
Nosotros abogamos por diferenciar, como se hace en las sociedades más avanzadas, los servicios de atención a las personas por su grado de calidad, por su apuesta por las nuevas tecnologías, por su sostenibilidad social y económica, pero nunca por su origen público o privado. Si valoramos a nuestros congéneres por sus actos y no por su origen, no entiendo la razón de considerar de forma distinta a entidades formadas por personas.
En Castilla y León, Clece ha adquirido medios higiénicos para que sus trabajadores no se contagien del virus haciendo una inversión de más de un millón de euros, ha realizado a día de hoy 7.000 tests a usuarios y operarios y ha contratado a 900 personas de las cuales 80 son sanitarios. Este coste era necesario para salvaguardar el derecho a la vida y al cuidado de nuestros mayores y dependientes y el derecho,y acabo con la misma palabra con la que empecé, a la salud de nuestros trabajadores. Esta ha sido y es nuestra prioridad en la pandemia.
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