El Norte
Jueves, 2 de enero 2025, 10:59
Mientras Daniel Sancho pasa el Fin de Año en una celda estrecha y húmeda en Surat Thani donde las paredes se cierran un poco más cada día, su defensa vuelve a luchar, un tanto a la desesperada, por conseguir beneficios para su representado. Quieren agotar sus últimos recursos, esta vez recurriendo a los Derechos Humanos, y tienen de plazo hasta el 29 de enero para conseguir presentar un sólido recurso de apelación.
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Esa última bala no se centra solo en discutir si hubo o no premeditación en el asesinato de Edwin Arrieta, ni siquiera en cuestionar cómo murió el cirujano, ahora se habla de derechos fundamentales, incluso de fallos graves que podrían cambiar el rumbo de todo. El primer disparo de la defensa apunta al intérprete que tradujo para Sancho durante el juicio. Según sus abogados, este hombre no estaba preparado para la tarea.
Luego está el primer abogado tailandés de Sancho, Khun Anan. La defensa lo acusa de no luchar, de no alzar la voz por su cliente. De haber dejado que los hechos se precipitaran como una tormenta sin tratar de detenerla. En un caso como este, cada segundo cuenta. Cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad y la cadena perpetua.
Además,la defensa asegura que lo que se discutió durante el juicio no coincide con lo escrito en el veredicto. Y eso no es poca cosa. Es una sombra que se cierne sobre la transparencia de todo el proceso. Sancho confesó, sí. Pero ahora su defensa dice que lo hizo porque alguien le susurró promesas al oído. «Confiesa», cuentan que le dijeron. «Volverás pronto a España». Si eso es cierto, las palabras fueron más afiladas que un cuchillo. Pero las autoridades tailandesas niegan todo. Juran que el juicio se llevó a cabo conforme a la ley.
La defensa de Daniel Sancho quiere desmontar el arma. Dicen que no fue un plan, que no hubo cálculo. Que la muerte de Edwin Arrieta fue el resultado de una pelea. Una chispa en una habitación que encendió un fuego incontrolable. Para demostrarlo, traerán nuevas pruebas, nuevos testimonios. Quieren que el tribunal vea lo que ellos ven: un accidente, no un asesinato. Pero la fiscalía no retrocede. Su versión es clara: Daniel Sancho planeó cada movimiento. Y la sangre en sus manos no se borra con palabras. En Surat Thani, los días se desmoronan como castillos de arena. La cárcel está abarrotada, las enfermedades acechan, el aire pesa. Daniel Sancho está atrapado en un lugar que parece diseñado para aplastar el espíritu humano. La posibilidad de un traslado a España es un faro en la distancia. Un faro que parpadea, débil y lejano. Hay tratados bilaterales, sí, pero los expertos dicen que podría pasar casi una década antes de que algo se concrete.
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Mientras tanto, la familia de Edwin Arrieta lucha por su propia versión de la justicia. No quieren la pena de muerte, dijeron al principio. Pero ahora han cambiado de tono. Solicitan que Sancho enfrente esa posibilidad, un movimiento que algunos interpretan como una estrategia para garantizar la indemnización económica. El sistema judicial tailandés no tiene prisa. Después de todo, el tiempo pesa menos en un lugar donde las sentencias suelen ser para siempre. Una vez que el recurso se presente, el tribunal regional revisará el caso. Y ese proceso puede tardar meses, incluso años. Si el recurso es rechazado, aún queda el Tribunal Supremo de Tailandia. Pero llegar hasta allí es como cruzar un desierto sin agua. Y no hay garantías de que al final del camino haya algo más que silencio.
En España, el caso Daniel Sancho es una hoguera. Enciende debates, provoca titulares. En Tailandia, también. Pero la narrativa en ambos lugares es distinta. La familia de Sancho ha optado por el silencio, por la discreción. La de Arrieta no. Hablan, exigen. Quieren que el nombre del cirujano no se pierda en el ruido del caso. El peso de la opinión pública no es menor. A veces, inclina balanzas. A veces, endurece corazones. En este caso, es un campo de batalla más. El 29 de enero de 2025 marcará el próximo capítulo de esta historia.
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