Violencia de Género y Memoria Histórica, dos caminos en los que Castilla y León fue por delante

Las dos normas «izquierdistas» que exige derogar Vox para estirar los 35 años del Partido Popular en el Gobierno de Castilla y León y dar continuidad en la Junta a Alfonso Fernández Mañueco están firmadas por Juan Vicente Herrera Campo y supusieron en su día un hito en el conjunto de comunidades autónomas para abordar la lucha contra la violencia hacia la mujer y el reconocimiento a los represaliados por el Franquismo.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad, el 24 de noviembre de 2010, la Ley Contra la Violencia de Género autonómica. Una normativa que complementaba la estatal en el ámbito de la comunidad y que supuso ampliar el concepto de violencia machista y reconocer como víctimas a las personas a cargo de la mujer. Por parte del PP, defendió el texto la actual presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que también lo es del PP en esa provincia, que instó a los ciudadanos a no mirar para otro lado ante situaciones que «tenemos cerca, esa vecina, esa compañera de trabajo, esa amiga… Tenemos que implicarnos». Esa norma incide en la prevención y también en la los servicios de atención. Regula desde la red de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados, gestionados principalmente por entidades sin ánimo de lucro (varias religiosas), a los puntos de encuentro familiar que facilitan las visitas a niños en separaciones complicadas para evitar situaciones conflictivas.

Esa legislación se actualizó en 2017 para reconocer apoyos a los huérfanos de mujeres asesinadas por sus parejas. Contempla becas y acceso gratuito a la universidad para ellos.

El anticipo electoral dejó aparcado un anteproyecto de ley para modernizar la norma de 2010, que había pasado el periodo de consultas en noviembre pasado. El texto dependía de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dirige Isabel Blanco, cabeza de lista del PP por Zamora. Recoge que está «enfocado a apoyar a las víctimas de violencia de género en el camino hacia la recuperación de su autonomía y a movilizar a la sociedad civil para crear una cultura de rechazo hacia la violencia de género». También «como aprendizaje derivado de la crisis sanitaria provocada por la covid-19 se da un impulso al acceso telemático a estos recursos, aunque se mantiene el acceso presencial pues el objetivo es sumar, no restringir posibilidades de acceso».

La otra regulación que Vox exige sacrificar es el Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, aprobado en abril de 2018 con el objetivo, entre otros, de simplificar los trámites para exhumar fosas de represaliados del Franquismo. Un reciente mapa encargado por la Consejería de Transparencia a la Universidad de Burgos localizaba 526 en la comunidad. Francisco Igea, consejero responsable en el Gobierno de coalición, aseguraba que se había sacado la Memoria Histórica «del ruido y la disputa política» en la comunidad. Y eso ocurrió con la aplicación de un decreto que promovió José Antonio de Santiago-Juárez.

La regulación recoge la creación de un banco de ADN, además de medidas administrativas y apoyos económicos para desarrollar las exhumaciones y devolver los restos de los fusilados a sus familias. También copia, aunque a gran distancia, el sistema de Alemania para que sus alumnos estudien el holocausto y lo que pasó en su país en la Segunda Guerra Mundial. Castilla y León contempla que estudiantes de ESO y Bachillerato aborden también esta parte de la historia de la Guerra Civil y la dictadura Franquista.

De Santiago-Juárez, hoy concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, valoró entonces que el principal objetivo del decreto, que también incide en los valores de la Transición, era «que sus familiares les puedan enterrar. En una democracia no se puede permitir tener muertos en las cunetas desde hace ochenta años y no saber dónde están enterrados los muertos. Está claro que algo hemos hecho mal durante todos estos años«.

Estas son las dos normas que el candidato de Vox, Juan García-Gallardo, citó este lunes como ejemplos de regulaciones promovidas por «izquierdistas» que exigirán derogar si el Partido Popular quiere su apoyo para continuar al frente del Gobierno de Castilla y León.

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