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El 13-F será la primera vez que las urnas autonómicas amanezcan solas, sin acompañamiento de las municipales. Y eso, en Castilla y León, supone abrir un escenario de pronóstico incierto. Incluso cuando se han celebrado simultáneamente, los comicios autonómicos han registrado históricamente en torno a un 1-1,5% menos de participación que los municipales. Las encuestas que maneja el PP cifran el listón, para esta vez, en el entorno del 63-65%. Eso les vale, calculan. Les asegura, si se retoma la inercia previa a la irrupción del multipartidismo, que tendrán una mayoría importante que les permitirá gobernar. Incluso, sueñan, sin necesidad de incluir a Vox en el Gobierno.
La cifra-objetivo parece al alcance si se tiene en cuenta que en 2019 la participación fue del 65,1%. En 2015, del 63,5%. Y esta vez con el efecto arrastre nacional a favor, advierten.
Y aquí empiezan los peros.
Pero entonces coincidían con las municipales, lo que en Castilla y León asegura la participación en los municipios más pequeños. Pero serán en invierno. Pero esta vez se celebrarán con 304 mesas electorales menos que en 2019, porque muchas entidades locales menores no dispondrán de mesa propia y sus habitantes tendrán que desplazarse al núcleo de población más grande para votar. No es un asunto de poca enjundia. En las 2.208 pedanías y similares que se mantienen en Castilla y León, según el Consejo de Cuentas, había en 2010 cerca de 288.000 personas censadas. De ellas, casi cien mil, pertenecientes a más de 1.900 entidades no dispondrían de mesa en su núcleo de población por contar con menos de 200 electores, según marca la ley.
Entonces es cuando las encuestas y las cuentas se tambalean. Por debajo del 60% de participación, la incertidumbre es total. Conforme se acerque al 50%, cualquier resultado es posible. «Si nos acercamos al 50%, estamos muertos», confiesan fuentes del PP. ¿La réplica optimista? Desde 1999 la media de participación ha sido del 68,5%. ¿Y la pesimista? Que hay quien ve estas elecciones a lasCortes huérfanas de municipales como poco más que unas europeas. Cuando la papeleta al Parlamento Europeo ha ido acompañada de la municipal y la autonómica, la participación 'europeísta' ha sido de un 68,2%. Cuando Europa se la ha jugado a solas, el porcentaje de voto ha caído al 54,34%.
La bajada de la participación beneficiaría a los partidos más movilizados, esto es, los territoriales –España Vaciada, especialmente en Soria, Por Ávila, UPL– y Vox, que asegura que sus sondeos le dan 14-16 escaños pese a que las encuestas le sitúan en torno a los 9. Como antecedente, en 2019, en León, la participación en las autonómicas fue del 60%. Y allí se reparten 13 puestos, un 16% del total.
Porque esa es otra de las características que complican más el panorama a la hora de vaticinar en Castilla y León. Son elecciones autonómicas, pero las circunscripciones son provinciales. A cada provincia le corresponde un número de procuradores, 3 fijos más otro por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. La despoblación ha erosionado el Parlamento hasta bajar de los 84 procuradores de 2011 a los 81 actuales.
Territorios como Ávila, Palencia o Zamora apenas otorgan siete puestos. Allí, tradicionalmente, PP y PSOE se han repartido el poder con precisión casi matemática. El 5-2, 4-3 y 4-3 para los populares llegó a repetirse en varios comicios consecutivos antes del multipartidismo, salvo un 5-3 en Zamora antes de que esta circunscripción perdiera un escaño por la despoblación. Segovia se queda con 6 escaños y Soria, con 5. Eso deja poco margen a las sorpresas.
Salamanca (10 procuradores), Burgos (11), León (13) y Valladolid (15) son las cuatro provincias que marcan mayorías. Conforme se ha fragmentado el hemiciclo, los vuelcos en esos territorios han provocado cambios hasta hace poco inéditos, incluida la derrota de Alfonso Fernández Mañueco (PP) en 2019 por 29-35 frente a Luis Tudanca (PSOE). La primera vez en 32 años.
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