Cogobernanza para el uso de fondos europeos, «la última oportunidad» de Castilla y León

Incorpora los dos temas que más ocupan la agenda pública: los efectos de la covid-19 y dar respuestas a las exigencias de la 'Castilla (España) vaciada'. Todo bajo los Fondos de Recuperación, que para el PSOE «son una oportunidad única, probablemente la última» y que «nuestra tierra no puede dejar pasar».

Arranca con medidas y plazos (muy cortos) en sus primeras medidas. Diez compromisos entre los que destacan: la apertura inmediata de los consultorios médicos; un Plan de Recuperación Económica y Social; 163 millones de euros de ayudas directas a los sectores más afectados por la covid; jornada de 35 horas para los funcionarios; acuerdos con los bancos para que «no se cierre ninguna oficina ni cajero en el medio rural».

Este decálogo se resume en un Plan de Descentralización Administrativa. «En un mes desde la toma de posesión», el gobierno del PSOE convocaría una conferencia de alcaldes y presidentes de Diputación para «estudiar el modelo de aplicación de los Fondos Europeos». Sería un «Plan de Trabajo y Cogobernanza». Todo para articular las propuestas para «transformar la región».

La región ha perdido 175.000 habitantes en la última década. Un amplio capítulo plantea la «construcción de un modelo territorial de abajo a arriba». Con un Fondo Autonómico que absorbería el 20% de las inversiones públicas totales en la comunidad. La idea es gestionar los Fondos Europeos con «perspectiva rural».

Se traduciría en medidas como deducciones del 25% de la cuota autonómica del IRPF o del 15% en gastos de vivienda a los vecinos de zonas con «graves retos demográficos».

El PSOE recupera la Cláusula de Salvaguarda (ya estaba en 2019) para que el 12% de las inversiones del PIB se dediquen a gastos sociales: sanidad, educación, dependencia, pobreza y vivienda.

El equipo de Luis Tudanca dedicará el 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria, para no cerrar ningún consultorio. Además, reducirá los plazos de las listas de espera hospitalarias a entre 20 y 90 días, aumenta las camas hasta las tres por cada mil habitantes y reduce a menos de cuatro horas el 90% de las Urgencias.

También reclama el regreso de la sanidad privatizada, la recuperación de las plantillas y la devolución de derechos perdidos, como la jornada de 35 horas.

Para la implantación de la nueva Ley de Educación (Lomloe) plantea un Pacto Social y un Plan de Financiación 2022-2026 para garantizar que «todas las nuevas necesidades educativas se cubran en centros públicos».

Bajo este 'paraguas' se lucharía lucha contra la segregación escolar, habría gratuidad del primer ciclo de 0 a 3 años y se reduciría a tres el ratio de alumnos para mantener abierta una escuela (ahora son cuatro).

Para los universitarios se amplían las becas en un 25% y para sus docentes se buscarán su rejuvenecimiento, un Estatuto del docente y la reducción de las plazas interinas de forma progresiva hasta alcanzar el 8% de tope.

Sensible con el amargo precio que han pagado los mayores en esta pandemia, se recupera la propuesta de 2019 'Stop Soledad. Mejor Acompañados' para crear centros de acompañamiento dentro de las Plataformas de Servicios de Proximidad.

También se ofrecería un incremento de un 25% de plazas residenciales públicas en la legislatura. Y un nuevo modelo con un máximo de 16 personas por centro y habitaciones individuales. «Sin estas condiciones ningún cambio de modelo tiene la más mínima credibilidad».

Los planes en Industria tratan de enlazar el papel 'verde' de los Fondos de Resiliencia con los compromisos ambientales. Incluye desarrollo del vehículo eléctrico, energías renovables para convertir a la región en «la más competitiva». Y duplicar los 'empleos verdes' en la legislatura.

Bonos de contratación para jóvenes (18 a 29 años) y mayores de 45 años. También para el Plan de Retorno del Talento. 1.500 euros por contratar a jóvenes titulados durante 5 años.

Fin del déficit cero. Aumento del 3% del IRPF a los que ganen más de 120.000 euros. Reformas de los Impuestos de Sucesiones y Donaciones. Creación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Apoyos para favorecer el regreso a las áreas rurales con deducción del 25% IRPF (cuota autonómica) y 15% gastos de obras en «zonas con graves retos demográficos». Un gravamen sobre la riqueza y otro que castigue la pérdida de recursos productivos. Además de bonificaciones para las zonas deprimidas urbanas.

Reparto de instituciones para la «desconcentración en las provincias de centros directivos e instituciones». La 'Región Leonesa' será reconocida como Primera Sede Oficial de las Cortes.

Los procuradores y cargos de la Junta sometidos a juicio oral deberán cesar. Se eliminan sus aforamientos. Los cargos de la Junta y el presidente de las Cortes no podrán superar los dos mandatos (8 años). Cinco años para las incompatibilidades en las 'puertas giratorias' para puestos directivos privados.

Fondo de reserva en los presupuestos (sin cuantificar) para proyectos de iniciativa popular. Encuesta periódica sobre la gestión de las instituciones.