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Las cifras hablan por sí solas: 35 de los 39 años que llevamos de andadura autonómica han discurrido con un presidente del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León; y en 24 de esos 35 años, de 1991 a 2015, con mayoría absoluta. El dato es aún más impactante si retrocedemos hasta el 8 de mayo de 1983, fecha de las primeras elecciones autonómicas, pues no solo Castilla y León se estrenó «de rojo» con un socialista al frente del ejecutivo regional, sino que en aquel momento los 'populares' apenas creían en la autonomía.
Era aquel un contexto de optimismo socialista: los de Felipe González saboreaban las mieles de la mayoría absoluta conseguida en octubre de 1982 y la Alianza Popular liderada por Manuel Fraga debía conformarse con un segundo puesto, muy por detrás del PSOE. De hecho, en Castilla y León aquellas generales de 1982 otorgaron a los socialistas 18 diputados, 13 a AP y 3 a la Unión de Centro Democrático.
Por si fuera poco, los principales contendientes políticos partían de posiciones muy distintas en cuanto a su compromiso autonómico, pues la apuesta del PSOE por Castilla y León contrastaba con la postura de AP, promotora de procesos secesionistas en Segovia, León y Burgos. Con todo, la victoria del socialista Demetrio Madrid en las elecciones autonómicas del 8 de mayo de 1983 fue una sorpresa incluso para sus propios compañeros; obtuvo 42 procuradores (el 43,39% de los votos) frente a 39 de AP, 2 del CDS y 1 del Partido Demócrata Liberal (PDL).
Al primer ejecutivo le tocó un trabajo ímprobo con un presupuesto escuálido: establecer las principales sedes de autogobierno, negociar los primeros trasvases de competencias, echar a andar la Ordenación de la Función Pública, la Ley reguladora de las relaciones entre la comunidad y las entidades locales, fijar la fiesta de Castilla y León el 23 de abril y, ya hacia el final de la legislatura, sacar adelante las leyes Electoral, de Patrimonio y designación de senadores por la comunidad.
Paradojas de la política, aunque animados por su incontestable predominio en el gobierno de la nación, a la altura de 1986 los socialistas castellanos y leoneses atravesaban una crisis enorme cuya expresión más superficial fue la dimisión de Demetrio Madrid, el 29 de octubre, al hacerse público que el pleno de la Audiencia Territorial de Valladolid había decidido procesarle por un presunto delito social derivado de los problemas de su empresa textil, del que finalmente sería absuelto. Pero aún más devastadora era la pugna interna que se venía librando desde 1984.
Y es que Demetrio Madrid veía cómo se multiplicaban sus enemigos en el partido, que ya en el IV Congreso, celebrado en León en marzo de 1985, lograron apearle de la secretaría regional a favor de Juan José Laborda. Aunque José Constantino Nalda, entonces consejero de Interior y Administración Territorial, le sucedió al frente de la Junta, muy pronto sabría que no sería el candidato a las autonómicas de junio de 1987: con un partido dividido, Laborda supo imponerse en la reunión de la comisión ejecutiva regional celebrada el 3 de marzo de ese mismo año. Una decisión no por unánime menos paradójica: en el tormentoso Congreso de León, el mismo Laborda había abanderado la oposición a Demetrio Madrid proponiendo todo lo contrario que acababa de hacer, es decir, separar los cargos de presidente de la Junta y secretario regional del PSOE.
Este desgaste continuado fue percibido como una oportunidad por Alianza Popular, cuyo máximo objetivo era hacerse con Castilla y León para ganar fuerza a escala nacional. A ello se dedicó un joven y desconocido José María Aznar, madrileño de nacimiento y diputado por Ávila que el 15 de noviembre de 1986 había sido proclamado en Burgos candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Junta. Durante la campaña, Aznar tildó al gobierno socialista de despilfarrador, prometió austeridad y recortes en la, según él, sobredimensionada administración regional, y explotó en su provecho los ataques lanzados por los mismos socialistas al expresidente Demetrio Madrid, sobre todo aquellas torpes declaraciones de Laborda en las que, al poco de dimitir aquel, auguraba un gobierno de Nalda «con más honestidad y menos costo que lo hecho hasta ahora».
Por si fuera poco, sobre la cabeza de Laborda pendía una espada de Damocles que terminaría conduciéndole al precipicio electoral: el proyecto del gobierno central de instalar en la localidad salmantina de Aldeadávila de la Ribera, en los Arribes del Duero, un cementerio nuclear o IPES (Instalación Piloto Experimental Subterránea). Pese a la airada reacción de la población afectada, el líder socialista no se atrevió a oponerse al proyecto; no tardaría en comprobar en qué quedarían aquellas encuestas que, todavía con Demetrio Madrid al frente de la Junta, otorgaban al PSOE una holgada mayoría en caso de celebrarse elecciones, superior incluso a la de José Bono en Castilla-La Mancha.
Los 2.000.003 castellanos y leoneses llamados a las urnas aquel 10 de junio de 1987 para elegir 84 procuradores castigaron a las formaciones mayoritarias: AP pasó de 39 a 32 escaños mientras el PSOE se desplomaba desde los 42 de 1983 a 32. El gran beneficiado fue el CDS, que de 2 procuradores pasó a 18. Convertida en árbitro de la situación, la formación centrista decantaría la balanza a favor de Aznar, que sería investido presidente de la Junta con los votos de AP, PDP, Solución Independiente y gracias, por supuesto, a la abstención del CDS. A cambio, Carlos Sánchez-Reyes, candidato centrista a la Junta, fue elegido presidente de las Cortes regionales. Comenzaba el reinado ininterrumpido del PP en Castilla y León.
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