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El Ministerio de Vivienda quiere poner en marcha fondos específicos para las comunidades autónomas que declaren zonas tensionadas. Esta actuación está prevista en la ley de vivienda que entró en vigor el año pasado y cuyo artículo 18.5 establece que el Ministerio de Vivienda ... podrá desarrollar, en el marco de las competencias estatales y de acuerdo con la administración territorial, «un programa específico para dichas zonas de mercado residencial tensionado». La ley establece también que se podrán adoptar «medidas de financiación específicas para ese ámbito territorial que pudieran favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta».
En concreto se hace referencia a promover fórmulas de colaboración con las administraciones competentes y con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible en dicho ámbito y en su entorno. En la actualidad se necesitan, en promedio, 7,6 años de salario íntegro para comprar una vivienda y el esfuerzo no para de crecer. España es uno de los países europeos donde más tarde se emancipan los jóvenes porque no pueden acceder a una vivienda asequible.
La invocación de este artículo de la ley de vivienda restringe esos fondos específicos a las comunidades con zonas tensionadas. Hasta ahora, solo Cataluña ha declarado zonas tensionadas en su región, aunque también se han mostrado interesadas Navarra y Canarias. Sin embargo, las autonomías donde más crecen los precios de la vivienda siguen rechazando declarar zonas tensionadas, aunque haya municipios que lo estén pidiendo. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Según la estadística del Consejo General de Registradores, las comunidades autónomas con mayores precios medios de la vivienda durante el cuarto trimestre del año pasado han sido Baleares (3.496 €/m²), Comunidad de Madrid (3.280 €/m²), País Vasco (2.912 €/m²), Cataluña (2.487 €/m²) y Canarias (2.265 €/m²).
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha aprobado varias medidas cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad de la vivienda, aunque no todas han sido respaldadas por el sector o los expertos. Se ha aprobado un índice de referencia de los alquileres para que, en las zonas tensionadas, no se pueda alquilar por encima de ese precio. Unos topes al alquiler que no han sido bien valorados por el FMI y cuya aplicación depende de que las comunidades autónomas declaren zonas tensionadas. También ha impulsado la agilización de las licencias de obra para que se contruya más vivienda más rápido, una medida que ha sido celebrada por los promotores y constructores, y que busca resolver el problema de la falta de oferta. Asimismo, se ha remitido al Congreso la reforma de la ley del suelo cuyo objetivo es también agilizar los planes urbanísticos; en este caso son los ecologistas lo que recelan de algunos de sus artículos pero el sector promotor lo apoya. Por otra parte, en mayo se pondrán en marcha los avales a los jóvenes por el 20% de la hipoteca para que el banco les ofrezca una hipoteca por el 100% de la casa a comprar y no necesiten tener un ahorro previo, que en muchas ocasiones imposibilita el acceso a la vivienda.
El ministerio tiene en cartera otras actuaciones. Un grupo de trabajo entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Industria y Turismo estudia cómo limitar los pisos turísticos que están tensionando los alquileres en determinadas ciudades. Y están pendientes también medidas para controlar el fraude en el alquiler de temporada.
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