El Gobierno estudia planes de vivienda para la España alejada de las urbes

Se trataría de ofrecerles soluciones con las que puedan ir accediendo a la compra de una vivienda. Serían medidas a medio plazo sobre las que no haría falta esperar demasiado tiempo para comprobar sus efectos, como sí ocurre con las promesas de construcción de vivienda social, cuyos procesos se alargan varios años.

El ejemplo que ya tiene el Ejecutivo sobre la mesa son los avales ICO anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace ya un año, habilitados legalmente el pasado mes de febrero y que entidades como CaixaBank ya han puesto en marcha con el primer caso concedido en Canarias.

En Moncloa son conscientes de las dificultades legales que tienen para que las comunidades apliquen las medidas incluidas en su última Ley de Vivienda, como los topes del alquiler y la declaración de zonas tensionadas en determinadas ciudades. De hecho, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha amenazado esta semana con cortar la financiación para esta partida que el Estado otorga a las regiones, si sus gobiernos autonómicos no despliegan toda esa normativa en vigor desde hace un año.

Se replantean estas nuevas medidas destinadas a regiones con menos tensión que las grandes ciudades, pero cuyos habitantes también sufren los problemas de vivienda, aunque con otras características, causas y consecuencias, frente al epicentro que constituye todo lo que se mueve alrededor de Madrid o Barcelona, costa o las islas. Porque la vorágine de precios de ambas capitales, unidas a otras como Málaga, Alicante o las islas, por poner algunos ejemplos, precisa de otro tipo de bisturí, apuntan fuentes oficiales.

En esa España existe un verdadero problema de oferta, apuntan diversos análisis que manejan los ministerios, y precisan de una solución temporal para atajar el alza de los alquileres.

Por ejemplo, se trabaja en medidas que incentiven el traspaso de una vivienda de uso turístico a la modalidad de alquiler tradicional (el del largo plazo) para que los precios puedan irse moderando si a los propietarios se les impulsa legal o fiscalmente a hacerlo. También se estudia cómo reducir los plazos que ahora se extienden cuando hay un problema de impago para evitar que se enquiste y dar una salida que sea más rápida.

En cualquier caso, aún valoran cómo está afectando el tope de precios en los lugares donde se ha puesto en marcha esta polémica medida, como buena parte del área metropolitana de Barcelona.