El año del virus y el año de los 200.000 ERTE

Apenas quince días de parálisis económica, la de la segunda mitad de marzo, fueron suficientes para hundir el PIB regional hasta simas desconocidas desde 2013, el año más duro de la última y aún no olvidada crisis económica. En el segundo trimestre, el desplome alcanzó casi el 19%, lo nunca visto en Castilla y León, como nunca vista es la actual pandemia y tampoco nunca se había visto un estado de alarma como el del segundo trimestre de 2020. Con la actividad productiva parada totalmente o a medio gas durante todo abril y mayo y hasta el 21 de junio, solo el sector agrario y los servicios de públicos se salvaron de la debacle general.

El último tramo del año no ha servido para mejorar las cosas. La segunda ola de contagios y las consiguientes restricciones sanitarias han golpeado a la economía en forma de cierres masivos de sectores como la hostelería o el turismo, además de buena parte del comercio y otros servicios. En una sola jornada, la del viernes 6 de noviembre, con su decisión de prohibir las terrazas, el último reducto de bares y restaurantes, la autoridad mandó a un ERTE a casi 10.000 trabajadores del sector en la comunidad.

Estos son algunos ejemplos de la montaña rusa de acontecimientos que han sacudido la marcha de la economía y el estado de las finanzas domésticas de las personas en 2020 en medio de una situación desconocida para la humanidad. El primer año de una crisis de dimensiones aún desconocidas y duración también incierta.

La vacuna parará los contagios pero no frenará la sacudida que se le viene encima al mercado laboral y nadie duda de que a los ERTE sucederán los ERE, es decir los despidos. La única duda es su dimensión. De cómo va a ser el futuro inmediato ya dieron algunas pistas los datos del desempleo del pasado y triste mes de noviembre, cuando la comunidad sumó cinco mil parados más, perdió diez mil empleos y vio cómo casi 28.000 trabajadores seguían temporalmente inactivos por culpa de la pandemia.

El repunte del paro en apenas 30 días fue cinco veces peor que en el conjunto del país, mientras que la pérdida de afiliados contrastó con la ganancia nacional.

El sector de la hostelería ha ejercido durante todo el año de involuntario emblema de la debacle laboral, con miles de empleos destruidos, miles de personas abocadas al paro y muchos más miles dentro del engranaje de los ERTE. Pero los daños han sido incalculables entre infinidad de actividades, desde las agencias de viajes en un tiempo en que nadie viaja hasta los feriantes, abandonados en sus trailers. Desde los centros deportivos a las empresas de actividades extraescolares.

Desde el punto de vista de la actividad económica, el sector agrario ha salvado el año gracias a la buena cosecha; la industria es la que menos pierde gracias a la aportación positiva de los productos energéticos; los servicios sufren de manera desigual –más los que trabajan de cara al público– y la construcción registra los números negativos más abultados.

Con este panorama, Castilla y León se aproximaba al cierre del año con 163.687 parados inscritos, 22.714 más que un año antes, y una cifra de afiliados a la Seguridad Social de 910.794 personas, que son 16.817 menos en términos anuales. Y detrás, decenas de miles de familias con sus fuentes de ingresos a medio gas, sin ver la salida del túnel y con la incertidumbre envolviéndolo todo.

Los ERTE han sido uno de los protagonistas del año al haber sostenido millones de empleos en todo el país y haber puesto la economía entre paréntesis con un coste ingente. También, en no pocos casos, llegando con menos diligencia de la debida y provocando situaciones de angustia entre quienes esperaban el ingreso del SEPE en sus cuentas.

En Castilla y León han tenido un doble protagonismo, al añadirse la vertiente política. Los ERTE (en realidad el complemento regional a esta prestación) han traído consigo el primer enfrentamiento de la historia de los agentes sociales con la Junta dentro del Diálogo Social.

En marzo, el primer plan de choque contra la pandemia incluía un acuerdo para completar la pérdida salarial de los afectados por expedientes de empleo temporal por causa de fuerza mayor con unos siete euros por día. Para cubrir la partida había una dotación inicial de seis millones de euros y el compromiso de incrementarlos si fuera necesario. Y vaya si lo fue.

En mayo se produjo la dimisión del consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, con los fondos de la formación como detonante de una situación soterrada de enfrentamiento prolongado con el vicepresidente Francisco Igea. La llegada de Ana Carlota Amigo a la consejería supone el desembarco de la doctrina de Ciudadanos de cuestionamiento de la utilidad del Diálogo Social tal como se entiende en la región.

En junio, el vicepresidente anunciaba que el complemento comprometido por Fernández Mañueco el 25 de marzo y aún pendiente de publicación no era «prioritario». Los seis millones no serían ampliados, pese al aluvión de peticiones esperadas, o quizás por ello. Los sindicatos UGT y CC OO, con el apoyo de Cecale, arremetieron contra un incumplimiento que no hacía sino alimentar la desconfianza y suponía, denunciaron, un ataque al corazón del Diálogo Social.

Pasaron los meses y la ayuda no se materializaba. Fue solicitada por 48.000 trabajadores quienes, hasta noviembre no supieron si su formulario fue entregado lo bastante rápido como para acceder a uno de los 12.000 abonos de 630 euros de media que, por fin, fueron pagados en diciembre.

El enfrentamiento sindical con la Junta por los ERTE ha tenido su apéndice en la negociación del segundo plan de choque, que recoge un apartado de cinco millones para afectados por expedientes convencionales en cuya redacción también saltaron chispas.

No ha sido éste el único choque de patronal y sindicatos con la consejera. En septiembre, Amigo defendía la creación de comisiones de expertos como vía para hacer más eficaz el Diálogo Social. Pretendía dar cabida a los clúster, cámaras, al tercer sector, empresarios familiares, autónomos y otras asociaciones, si bien dejando la última palabra en manos del Consejo con Cecale, CC OO y UGT.

Y con el fuego del último enfrentamiento aún sin extinguir, los agentes sociales volvían a hacer público su malestar con Amigo a cuenta del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), que ven sometido a una situación de permanente bloqueo por la falta de dotación presupuestaria para la implantación de este órgano de mediación en toda la comunidad.

Cuando pasen los años, muchos recordarán la crisis del coronavirus, la pandemia del confinamiento y los cierres perimetrales, el 2020 de las fases, las desescaladas y los rebrotes como el año del teletrabajo. Una de cada tres empresas no logró mantener su actividad durante el estado de alarma y entre las que sí lo consiguieron, el 43% fue gracias al teletrabajo, según un estudio de la Junta y el INE. Su extensión y normalización, forzada por la pandemia, ha llevado al Gobierno a legislar que el trabajo a distancia será voluntario, regulado por la negociación colectiva y con los gastos de material a cuenta de las empresas. Preguntadas por cómo ven el futuro, el 28% de éstas responden que, en su caso, el teletrabajo ha venido para quedarse.