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El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al comisario jubilado José Manuel Villarejo por los trabajos de seguridad realizados para Repsol y La Caixa entre 2011 y 2012, por lo que percibió cerca de 400.000 euros, ha acordado este lunes dejar fuera del ... procedimiento en calidad de responsables civiles subsidiarios tanto a las entidades privadas como a la Administración del Estado, dada la condición de funcionario policial del acusado cuando ocurrieron los hechos. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares han considerado en sus escritos provisionales que por ahora no se debe dirimir si deben hacer frente a una cuantía económica por ser los empleadores de los procesados.
La presidenta del tribunal de la Sección Cuarta, Teresa Palacios, explicó durante las cuestiones previas del juicio que dada esa renuncia de los presuntos perjudicados de esta pieza 21 del 'caso Villarejo' las personas jurídicas que constaban como responsables civiles podían abandonar la sala. Ya en fase de instrucción, otro tribunal de la misma Sala de lo Penal acordó archivar la causa penal contra ambas compañías como personas jurídicas y también contra sus entonces presidentes, Antonio Brufau (Repsol) e Isidro Fainé (La Caixa), al no encontrar indicios de que conocieran o encargaran los citados trabajos parapoliciales a Villarejo y a su empresa de cabecera, Cenyt, o que conocieran que éste era entonces policía en activo.
En su turno de cuestiones previas, la defensa del comisario jubilado ha alegado que debe anularse el juicio dado que la investigación ha prescrito, fue prospectiva y la Policía vulneró la cadena de custodia de lo intervenido en las entradas y registros de noviembre de 2017, cuando estalló la causa.
El abogado Antonio García Cabrera ha solicitado que declaren en el plenario como testigos quien fuera director del CNI Félix Sanz Roldán, el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino o el exjefe de la UCO Manuel Sánchez Corbí. También el exnúmero dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez, el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el que fuera fiscal del caso, Ignacio Stampa. El objetivo, justificó, es probar que el inicio de la causa abierta contra él fue ilegal y por tanto contamina todas y cada una de las piezas del caso.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, calcula que el comisario habría recibido por esos encargos de Repsol y La Caixa y a través de su empresa 389.400 euros, cantidad abonada a partes iguales por la caja y por la petrolera. A esa cantidad suma 24.200 euros que Repsol añadió para que investigara a uno de sus consejeros. La pieza denominada 'proyecto Wine' investiga los encargos para hacer averiguaciones sobre las estrategias de la constructora Sacyr y de su entonces presidente, Luis del Rivero, para aliarse con la mexicana Pemex y pasar a controlar un tercio de las acciones de la petrolera, aunque al final no hubo acuerdo.
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