Susana Rodríguez: «El Diálogo Social, que funciona bien, debe ahora asistir a nuevos colectivos laborales»

La jornada, transmitida a través de elnortedecastilla.es contó además con la presencia del presidente del CES, Enrique Cabero, y de la directora de la cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social, Ana María Murcia y que fue clausurada por la consejera de Empleo e Industria de Castilla y León, Ana Carlota Amigo Piquero.

«Vivimos en una crisis de tremenda incertidumbre de consecuencias aún por valorar» indicó Rodríguez al inicio de su charla en la que señaló cómo esta circunstancia afecta, además de a la salud, también al plano económico y social «que han obligado a tomar decisiones políticas arriesgadas con efectos colaterales» lo que hace importante contar con un consenso social en estas iniciativas. «No solo los medios son importantes, también los fines resulta más aceptables por parte de toda la sociedad» manifestó la experta.

«Desde el primer momento, los interlocutores sociales se han puesto, de una forma decidida y entregada a colaborar en esta dirección, lo que ha permitido actuaciones importantes en momentos clave» aseguró Susana Rodríguez. Entre ellos, destacó los adoptados por el Diálogo Social en Castilla y León en defensa del empleo tanto en el mes de marzo como el 11 de noviembre, con la firma del pacto para la recuperación y económica, el empleo y la cohesión económica de la Comunidad Autónoma. «Todo esto ha sido posible porque Castilla y León cuenta con un entramado normativo en el que el Diálogo Social es un instrumento consolidado. Con una virtualidad adicional, que el Diálogo Social trasciende del mero contenido de las relaciones laborales y también atienda a temas de calado social, como por ejemplo, la Dependencia la Educación, la Salud o la Violencia de Género», enumeró.

Susana Rodríguez consideró que precisamente por estas características, los agentes que componen el Diálogo Social, los dos sindicatos más representativos:Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, junto con la representación de los empresarios CECALE, «van más allá de ser meros portavoces de sus intereses y adquieren el papel de sujetos políticos», aseguró. Lo que convierte al Diálogo Social «en una instancia de gran calado constitucional y en una pieza importante del Estado Social y Democrático de Derecho», agregó.

De esta forma, los interlocutores sociales «tienen para el legislador un carácter público y no se limitan a ser representantes de las asociaciones, sino que también les corresponde la defensa de los intereses generales de los ciudadanos» explicó la catedrática durante su exposición.

Destacó posteriormente Susana Rodríguez cómo el de Castilla y León es uno de los pocos estatutos de autonomía que incluye esa referencia al Diálogo Social con la necesidad de regular el Consejo Económico y Social y la creación de numerosos órganos públicos de composición tripartita (Administración pública, sindicatos y empresas).

Susana Rodríguez argumenta que a esa actividad histórica y de éxito es momento de incorporar nuevos ámbitos «donde el Diálogo Social tiene un ámbito de participación importante y el Ordenamiento jurídico lo permite» Así, aclaró que Castilla y León es una comunidad donde conviven territorios con marcadas diferencias y deben darse pasos, por ejemplo, en cuanto a una política salarial que logre mejoras «porque ahora son inferiores a los de otros territorios» mencionó.

«El Diálogo Social tiene una virtualidad al conseguir la intervención en otros ámbitos como en la puesta en marcha del Ingreso Vital Mínimo, donde ya había una experiencia previa en esta comunidad donde la Renta Garantizada de Ciudadanía ya formaba parte de los acuerdos alcanzados. Existen ahora determinados colectivos a los que no se les aplican las condiciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) son colectivos de trabajadores atípicos, excluidos hasta ahora de la legislación laboral, por ejemplo, algunos grupos de trabajadores autónomos, en una situación precaria y donde se requiere la misma atención que para los empleados por cuenta ajena», comentó Susana Rodríguez.

Casos similares serían por ejemplo los de los becarios en las empresas, para los que tampoco se asegura ahora el salario mínimo, o los voluntarios «tan importantes en estos momentos y para los que ahora solamente hay prevista una compensación por los gastos que puedan tener, pero ahora el voluntariado encubre en ocasiones una verdadera relación laboral. Por eso debería intervenir el Diálogo Social, para determinar qué es verdadero voluntariado y bien, qué podría ser trabajo encubierto», apuntó. Y añadió aún otros colectivos, como «aquellas personas en situación de pobreza asociada al trabajo en condiciones precarias e inferiores, donde no siempre el sistema salarial se considera el más adecuado. Por ejemplo, con la resolución de la ultraactividad se solventó la posible caducidad de los convenios colectivos para quienes ya están en las empresas, no de los que se incorporan», resaltó la experta en Trabajo y Seguridad Social. Y aún más grupos ahora desprotegidos, como los servicios asimilados a los cuidados personales, la atención a domicilio, la teleasistencia o los empleados del hogar junto con los cuidadores no profesionales para los que ahora, la única prestación es la posibilidad de la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social. Una característica común de todos estos grupos es la alta presencia femenina en todos ellos. «Sobre todo en los trabajos a tiempo parcial y en los cuidados, lo que genera una gran incertidumbre en cuanto a las retribuciones, que puede oscilar mucho de unos meses a otros», comentó.

Y si el Diálogo Social tiene en todo lo anterior materia suficiente para intervenir, no es menos otro campo también abierto a su estudio, como es la denominada descentralización productiva, la subcontratación de funciones por parte de las empresas en otras compañías. «Lo que genera en estos trabajadores un déficit de protección en cuanto al convenio colectivo, de ahí la importancia de la intervención de los interlocutores sociales en todos estos procesos», concluyó Susana Rodríguez su charla.

Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social, recordó cómo en el Estado Social y Democrático de Derecho disponen de gran relevancia la concertación social y la legislación negociada. «Tanto las organizaciones sindicales, como las empresariales son sujetos políticos, que negocian y, en su caso, acuerdan con el Gobierno». Se trata, además, de «un ámbito previo a la adopción de medidas, en el que se deben tener en cuenta las posiciones de los agentes económicos y sociales, fundamental para la superación justa de las crisis», resumió Cabero.

El presidente del CES definió el Diálogo Social como un gran instrumento «para generar medidas que tengan legitimidad social» expuso. Y destacó la forma en la que en Castilla y León ha sido posible el traslado de ese esfuerzo. Precisó además cómo resalta la labor realizada en este campo en la comunidad desde el ámbito docente, universitario y académico gracias a que se cuenta con una cátedra centrada en el sindicalismo y en el diálogo social.

Y fue la directora de esta cátedra, Ana María Murcia, quien precisó cómo hoy, en estas circunstancias adversas, es cuando mejor se puede conocer el trabajo del Diálogo Social con un doble objetivo: «Servir de escudo social y facilitar y participar en las tareas de la reconstrucción», razonó la experta.