Primer despido por bajas médicas frecuentes tras la sentencia del Constitucional

La trabajadora faltó entre marzo y abril un total de 18 días laborables en tres periodos alternos (del 11 al 14 de marzo, el 15 de marzo y del 2 al 18 de abril), todos con su correspondiente justificación médica por incapacidad temporal, por lo que el porcentaje de ausencias se situó en el 42,8%, el doble de lo que estipula la ley como causa de despido objetivo (20%) siempre y cuando el año anterior el total de faltas de la empleada exceda el 5% de las jornadas hábiles. En este caso estuvo 18 días de baja en 2018, lo que supone el 7,23% del calendario laboral.

Cabe destacar que esta causa de despido objetivo, que incluyó la reforma laboral de 2012 y que avaló la semana pasada el Constitucional, tiene sus excepciones también, como son las bajas por más de viente días consecutivos, las faltas por enfermedad grave, tratamiento de cáncer o embarazo, los permisos por maternidad y paternidad, entre otras.

Desde UGT acusaron a la empresa de «utilizar como excusa el elevado absentismo» que, según ellos, existe en la compañía para prescindir de «una representante de los trabajadores que desde hace meses denuncia la deriva de los derechos laborales que están sufriendo las más de 200 trabajadores del centro de Lleida» en lo que la organización tilda de «una clarísima situación de persecución sindical».

Además, a raíz de este despido UGT afirmó haber descubierto que no se trata del primer despido por esta causa, sino que Atento, propiedad de un fondo de inversiones internacional, llevaba ya tiempo utilizando «de forma indiscriminada» «esta modalidad de despido aberrante, que ataca a los derechos de las personas y pone por encima los intereses económicos y la productividad de las empresas», haciendo uso del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores.

También CC OO se unió ayer a la condena de este despido y ambos sindicatos advirtieron de que la sentencia del TC «abre la puerta a un atropello múltiple de los derechos de los trabajadores», ya que las empresas se pueden acoger a este artículo para «quitarse de en medio a los colectivos más vulnerables o a los representantes de los trabajadores», lo que -a su juicio- «puede aumentar la siniestralidad y empeorar la salud laboral de los empleados». Por ello, anunciaron que recurrirán esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).