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Los ERTE están resultando una herramienta eficaz para contener la destrucción de empleo en esta crisis. Así lo confirmaron los últimos datos de afiliación, que reflejan que en mayo no solo no se perdieron afiliados, sino que incluso se ganaron: casi 200.000. Se ha ... recuperado ya uno de cada cinco puestos de trabajo destruidos. Por eso el Gobierno está abierto a mantener los ERTE al menos hasta final de septiembre con el objetivo de continuar protegiendo a los trabajadores y a las empresas. «Sin ninguna duda», aseguró ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista a RNE, quien incluso se mostró receptiva con el hecho de que pudieran prorrogarse hasta final de año en algunos sectores, los más castigados por la pandemia, como podrían ser el turismo, el comercio, el transporte o la industria del automóvil.
«Hoy es una evidencia que la empresa y los trabajadores quieren que se extiendan más allá. En cuanto culminen las tareas de la comisión intersectorial, tendremos una hoja de ruta para saber qué sectores necesitan de ese acompañamiento más allá del 30 de junio», explicó la diputada gallega.
Una vez superado el desencuentro de la patronal con el Gobierno por la derogación de la reforma laboral, la mesa del diálogo social volvió ayer a reunirse con «notables avances» en torno a este tema y, aunque por el momento no se ha llegado a un acuerdo, hay «puntos de encuentro» entre las partes, según manifestaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación. La propuesta que el Gobierno mantuvo fue una nueva prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre, mientras que sindicatos y patronal insisten en que sea hasta final de año. Es más, sindicatos y CEOE defienden mantener los ERTE en las mismas condiciones que ahora hasta el 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, limitarlos a determinados sectores hasta final de año o, incluso, establecer unos criterios para saber qué empresas podrían continuar con estas suspensiones de empleo y cuáles no. En definitiva, que no dependan de a qué actividad del CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) pertenezca esa empresa, sino determinar si cumple con una serie de parámetros que establezcan en este acuerdo.
Uno de esos criterios a tener en cuenta podría ser la facturación de las empresas. Es decir, que aquellas que hayan tenido una caída de ventas de un determinado porcentaje puedan mantener los expedientes. A semejanza un poco del requisito que rige para acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, que han de probar que su facturación ha caído en dicho mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior. Otro de los parámetros que podrían utilizarse son las restricciones que haya en determinadas actividades, como por ejemplo, los aforos para entrar a un bar o restaurante, cine, eventos... lo que evidentemente rebaja las ganancias.
Porque puede darse el caso de que un bar que tenga una terraza muy amplia le vaya ahora muy bien en la reactivación y no necesite de un ERTE, mientras que otro con un establecimiento pequeño y cerrado registre grandes pérdidas. O que una lavandería ingrese suficiente mientras otra que trabaje principalmente con hoteles no tenga apenas actividad. «Los CNAE pueden provocar que dejes fuera a gente que lo necesite», sostiene Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo se inclina por fijar una extensión hasta el 30 de septiembre y circunscrita a determinados sectores, aquellos que se establezcan en esa mesa de dialogo, tal y como recoge la normativa de la última prórroga. Y ya después ver si hace falta una tercera prórroga. La patronal se muestra contraria a esto, ya que defiende que hay que dar confianza y certidumbre a las empresas y los inversores y para eso es necesario anticiparse y anunciar antes del 15 de junio una extensión «automática» de los ERTE hasta el 31 de diciembre. «Si no, las empresas se ven abocadas a tomar decisiones, porque no pueden esperar al último día y porque tienen que sobrevivir», precisó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
El mayor escollo está en la exoneración de las cotizaciones sociales. Los empresarios insisten en que se mantengan los mismos incentivos que se firmaron en el último acuerdo, pero Trabajo no parece proclive a aceptarlo, fundamentalmente por presiones de Hacienda y Economía, ya que supone un gasto considerable.
Los sindicatos, por su parte, se mantienen firmes en su objetivo de alargar la extensión de los ERTE de los trabajadores sin suficiente cotización para acceder a esta prestación en condiciones normales y en la reposición de la ayuda por desempleo, es decir, que no cuente este periodo para futuras prestaciones (lo que se denomina 'contador cero').
Para tratar de encontrar un punto de encuentro, fuentes cercanas a la negociación no descartan que el acuerdo al que se llegue fijará un paso intermedio pero dejará la puerta abierta a una nueva prórroga. Es decir, aprobar una nueva ampliación hasta el 30 de septiembre con mejores condiciones para negociar de nuevo otra extensión definitiva hasta final de año algo menos ventajosa.
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