La Inspección de Trabajo impone 5.832 sanciones por irregularidades en los ERTE

En concreto, el organismo ha incoado 44.393 expedientes en torno a los ERTE, de los que ya están finalizados 35.190. Un ingente trabajo que, de momento, ha detectado -con su correspondiente sanción- 5.832 casos de fraude, según ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se ha presentado la nueva estrategia de la Inspección para los próximos años.

Una estrategia que pasará, según ha detallado Díaz, «por garantizar los derechos de los trabajadores con el sostén de unas relaciones laborales basadas en la lucha contra la precariedad y, sobre todo, el fraude». En este sentido, el objetivo es reforzar el peso y las competencias de la Inspección en procesos como despidos colectivos, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o inaplicaciones de convenios colectivos.

La ministra ha recordado que la actividad de la Inspección de Trabajo se multiplicó un 355% de enero a mayo, récord de la serie histórica. Una enorme carga que este verano se vio agravada por el caos generado tras el ciberataque que dejó prácticamente sin recursos a los inspectores.

Pese al déficit de plantilla y al colapso de expedientes generados en verano, el Gobierno defiende que la dotación presupuestaria de la Inspección se ha elevado un 20% en el último año. Algo que ha contribuido a cumplir determinados hitos, como haber dado de alta a casi 50.200 empleados irregulares, así como convertir en indefinidos a más de 267.000 contratos que eran temporales irregulares.

En este sentido, el nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2021 a 2023 se centrará en puntos como evitar la precariedad de los contratos, eliminar los falsos autónomos y centrar las inspecciones en nuevos sectores de la economía.

Para ello, y vinculado a la lucha contra el fraude que ya cuenta con una oficina propia, Díaz ha adelantado que se crearán otras dos oficinas. La primera dedicada a la lucha contra la discriminación, que se dotará con personal específico para actuar en las relaciones laborales desde el inicio hasta el final. «Hay que evitar que haya discriminación por tener más de 45 años, por ser mujer, migrante, etc.», indicó la ministra de Trabajo.

También se reforzará una unidad especial que estará centrada en la lucha contra el fraude transnacional a través de las denominadas 'empresas buzón' radicadas en España, pero que operan en otros países. Díaz ha aludido al caso concreto de la cooperación con el Gobierno francés en las campañas vinculadas a la agricultura, pero pretende ampliarse al marco de la UE, América Latina y la Organización Internacional del Trabajo.

Todo ello con un mayor y mejor uso del big data e inteligencia artificial, reforzando las plantillas con nuevos perfiles.